Tomás Gómez
El II Circuito Judicial de San José dio inicio ayer a la audiencia de apelaciones del Caso Diamante, en la que se revisarán las medidas cautelares contra los imputados, incluyendo a los seis alcaldes investigados.
La cita estaba programada para finales de enero pero complicaciones en la agenda de los abogados provocaron su reprogramación.
Durante la primera jornada expusieron la Fiscalía y la Procuraduría. Luego será el turno de los abogados defensores.
La audiencia se desarrolla de manera virtual y está programada para durar hasta el viernes.
Dentro del Caso Diamante, además, está pendiente una apelación por haber declarado la operación como “crimen organizado”. Este punto, sin embargo, no será tocado aún pues falta completar pasos previos.
Seis municipalidades quedaron sin alcalde
El Caso Diamante estalló el 15 de noviembre anterior tras una serie de allanamientos en municipalidades, empresas, oficinas del MOPT y hasta la casa de varios alcaldes.
En ella se investigan supuestos actos irregulares en la contratación de obras públicas de los gobiernos locales.
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La investigación había iniciado en 2019 y concluyó en agosto pasado. En ella se recurrió incluso a la intervención telefónica, que ahora está en duda luego de que se confirma que un error de los diputados había anulado partes clave de la Ley Contra el Crimen Organizado.
Resultado de las operaciones, fueron detenidas 13 personas, entre las que destacaban 6 alcaldes:
- Johnny Araya, alcalde de San José
- Mario Redondo, alcalde de Cartago
- Arnoldo Barahona, alcalde de Escazú
- Alberto Cole, alcalde de Osa
- Humberto Soto, alcalde de Alajuela
- Alfredo Córdoba, alcalde de San Carlos
También están bajo investigación funcionarios de las municipalidades de San José, Alajuela y Golfito.
Sin salario y alejados de las municipalidades
Los imputados del Caso Diamante pasaron tres días detenidos al inicio del caso, pero fueron liberados el 17 de noviembre. Esto luego de que la Fiscalía rechazara pedir prisión preventiva contra ellos.
No obstante, en la audiencia concluida el 19 de noviembre anterior sí se separó a los alcaldes del cargo. La medida es por seis meses y también incluye impedimento de salida del país, imposibilidad de comunicarse con testigos y prohibición de acercarse a las municipalidades.
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En ese plazo los jerarcas están sin salario, luego de que renunciaran al mismo o se les congelara por disposición del respectivo Concejo Municipal.
Este primer dictado de medidas cautelares rige hasta mediados de mayo.
