Paula Ruiz
El presidente de la República, Rodrigo Chaves aseguró que cabe la posibilidad de que el Gobierno modifique el Decreto Ejecutivo de la norma técnica del aborto terapéutico firmado en la administración de Carlos Alvarado.
De acuerdo con el mandatario, darían un tiempo a la Sala Constitucional para que resuelva al respecto, sin embargo en caso de haber una tardanza mayor, él hará lo propio desde el Poder Ejecutivo.
Desde enero de 2020 se presentó una acción de inconstitucionalidad por parte de diputados del cuatrienio 2018-2022 sobre dicho documento. A pesar del análisis por parte de los magistrados, no se suspende la aplicación de la norma.
“Si la Sala (Constitucional) no resuelve pronto y no se disipan esas dudas, es conceptualmente posible que el Gobierno trate de modificar el decreto de la norma técnica y tendremos que ver qué pasa, si la norma técnica actual estando en disputa en la Sala, qué pasaría si podemos cambiar la norma”, manifestó este miércoles.
Chaves dijo que la posición del Gobierno es clara con que solo se permitiría la aplicación de esta normativa cuando haya que decidir entre la vida de la madre y del gestante, con tal de excluir tanto a la mujer como al personal de salud, de las implicaciones establecidas en el Código Penal.
Justamente, según el texto actual de la norma técnica, la interrupción del embarazo se aplica cuando haya peligro para la vida o salud de la mujer y esto no haya podido evitarse por otros medios.
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Un borrador
Las declaraciones del jefe de Estado surgieron en la conferencia de prensa de este miércoles. El mandatario fue consultado al respecto y se recordó que a inicios de año circuló un borrador liderado por el Ministerio de Salud para modificar este decreto.
En ese momento trascendió que la intención era dejarla como un reglamento que endurecía los requisitos para aplicar la norma técnica.
Este miércoles, Chaves desmintió que eso fuera una decisión tomada.
Algunas modificaciones pretendidas en febrero pasado se referían a la integración de la comisión médica que estarían a cargo de la valoración del caso.
La norma actual indica que deben ser dos gineco-obstetras y uno de las patología de fondo relacionado con salud. Mientras tanto, el borrador establecía que la junta de médicos estaría integrado por 3 gineco-obstetras, un pediatra preferiblemente neonatólogo, un especialista materno-fetal y al menos un especialista más en cada una de las patologías de fondo.
En cuanto a la objeción de conciencia, el documento actual otorga este derecho pero es claro en que este profesional no podrá formar parte del procedimiento médico.
Sin embargo, en el plan planteado en febrero y atribuido al Gobierno se decía que los profesionales que se oponen a realizar este tipo de procedimientos pueden y deben ser tomados en cuenta para el análisis de casos e, incluso, formar parte de las juntas médicas.
Proteger la vida dice el presidente
Chaves dijo que el interés de su Gobierno es proteger la vida de los más vulnerables y mencionó a los adultos mayores, la niñez y quienes están en el vientre.
“Vamos a proteger esa vida a capa y espada, la única excepción es cuando hay evidencia científica y razonada de que llega una escogencia de que es la vida de la madre o del niño en su vientre; en ese caso, el Código Penal no aplica para la mujer que tiene que pasar por esa lamentable experiencia y para el médico”, reiteró.
Para él, se pretende evitar cualquier portillo que permita la aplicación de aborto terapéutico cuando una mujer diga que su vida social se echaría a perder por un embarazo, tomando en cuenta que hay quienes consideran que “la salud es ausencia de enfermedad sino temas de equidad social, felicidad, emocional, estatus social y económico”, destacó el mandatario.
Desde que se ejecuta esta norma técnica (diciembre 2020 y enero 2023) se aplicó en dos ocasiones.
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