Paula Ruiz
El Gobierno sigue con el proceso en el caso de 11 de las 13 expropiaciones requeridas para llevar adelante el proyecto de Ciudad Gobierno, pese a que se encuentra suspendido por gestiones ante la Contraloría General de la República (CGR).
En el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) cuentan con ¢1.000 millones para llevar adelante estos procesos, según informó la entidad mediante su departamento de prensa.
“Nos indican que actualmente se esta a la espera de una modificación presupuestaria por parte de la Comisión de Hacendarios, por ¢1.000 millones de colones, que permitirá atender el pago de las expropiaciones ya formalizadas”, respondió la institución el 3 de noviembre.
Luis Amador, ministro de esa cartera, destacó que las 11 expropiaciones en curso rondan los ¢890 millones.
“Eran 13, el número lo tenía en la cabeza pero no lo quería decir, creo que 11 sí están bien y hay 2 que sí no están de acuerdo, pues esas no se pueden pagar porque ellos no están de acuerdo, las otras 11 se seguirán procesando”, respondió ante la consulta de este medio.
Esas dos se trata de apelaciones a la expropiación y al monto.
“Entonces ya, un taller que hay por ahí, una industria, eso ya habrá que irlo a discutir a otro lado pero tengo entendido que hay varias que sí estuvieron de acuerdo, aceptan el avalúo y entonces vamos a proceder”, continuó el jerarca.
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No frena expropiaciones
El miércoles 15 de noviembre, el Gobierno reclamó que el proyecto de Ciudad Gobierno está frenado por una advertencia emitida desde la Contraloría General de la República (CGR).
“Se encuentra suspendido en ese momento por la advertencia de la Contraloría, nosotros presentamos hace ya más de un mes un recurso de revocatoria con apelación en subsidio a la Contraloría donde le aportamos ese título de ejemplos que le acabamos de aportar que si bien no son iguales, tienen similitudes importantes”, declaró Laura Fernández, ministra de Planificación.
El punto medular tiene que ver con el “vehículo” que pretende utilizar el Poder Ejecutivo para buscar este acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El modelo pretendido por el Gobierno y el BCIE se llama BOLT, que significa “Build, Operate, Lease & Transfer”, es decir “Construir, Operar, Arrendar y Tranferir.
El dinero lo pondría la entidad bancaria por un monto máximo de $450 millones y arrendaría al Estado durante 25 años.
El análisis está fijado en si el artículo 67 de la Ley de Contratación Pública permite esta figura, más si se toma en cuenta que el BCIE construiría en terrenos del Estado.
Marta Acosta, contralora general de la República, aclaró que no han rechazado ningún procedimiento sino que se recibió una denuncia sobre el mecanismo que se pretende utilizar y por tanto hubo una advertencia de carácter preventivo en protección de la Hacienda Pública.
“Es una advertencia de carácter preventivo. No fue un rechazo de ningún procedimiento porque nadie nos presentó ningún procedimiento para ninguna aprobación. Fue a raíz de una denuncia que se recibió, o sea, no fue que a nosotros se nos ocurrió o que decidimos. No, fue una denuncia que recibimos y de ahí emitimos la advertencia”, manifestó el 24 de octubre ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Reconoció que la apelación en subsidio presentada por ministros es analizada por el Despacho Contralor y “en este momento se está resolviendo”.
“Pero no es que la Contraloría ya ha rechazado algún procedimiento. ¿Y cuál es el procedimiento? Eso yo no lo puedo decir. Yo eso no lo sé. Porque es la Administración la que tiene que definir, cuál va a ser el procedimiento que va a utilizar. Porque eso no le corresponde a la competencia de la Contraloría”, destacó.
Ese mismo día, la diputada oficialista de Progreso Social Democrático, Pilar Cisneros defendió que el modelo propuesto por el Gobierno saldría más económico en comparación con un fideicomiso.
De hecho, exigió a la contralora el nombre de la persona denunciante, pero debido a la Ley General de Control Interno se debe resguardar la confidencialidad del denunciante.
Según Fernández, anualmente se están pagando $50.2 millones en alquileres y mantenimientos de las 35 instituciones que estarían en Ciudad Gobierno.
Indicó que solo en el primer año de operaciones, el ahorro sería de $17 millones y “el monto va mejorando conforme pasa el tiempo”.
Frente a esto, Luis Amador indicó que el trámite de expropiaciones continúa porque el cuestionamiento de la Contraloría está fijado en el modelo de contratación.
“La Contraloría cuestiona la forma en la que se está contratando el proyecto, no está cuestionando el proyecto como tal, la Contraloría no dice ese proyecto no va sino que la forma en la que lo está haciendo ´no estoy de acuerdo´ por decirlo en una forma folclórica, entonces nosotros no podemos detener las expropiaciones”, aseveró.
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Chao diciembre, ¿Chao 2026?
Mientras que la ministra Fernández considera que el accionar del ente contralor es “un deténgase”, para el presidente de la República, Rodrigo Chaves es una “prohibición”.
Lo cierto es que desde febrero cuando se anunció este plan, se indicó que en diciembre de 2023 se tendría todo listo para iniciar con los movimientos de tierra.
Con ello, también se pretendía que antes de que Chaves entregue la banda presidencial, el proyecto fuera entregado.
“Sí, es completamente factible desarrollar este proyecto en ese período de tiempo”, afirmó Álvaro Alfaro, jefe de país del BCIE en febrero, ante la consulta de El Observador.
El discurso ya se cambió.
“La expectativa, tal vez no construido, pero que ya la obra esté arrancada”, respondió la jerarca de Planificación a finales de octubre después del cuestionamiento de este medio sobre la expectativa de entrega para el 2026.
El plan es llevar Ciudad Gobierno a Plaza Víquez donde se reuniría a 11.000 funcionarios en una construcción de 200.000 metros cuadrados.
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