Paula Ruiz
Las expectativas del Gobierno y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de iniciar los trabajos de movimiento de tierras en diciembre para la construcción de Ciudad Gobierno se han desvanecido.
Estas estimaciones surgieron a finales de febrero, cuando se anunció el diseño ganador de este proyecto. En ese momento, Álvaro Alfaro, jefe de país del BCIE, manifestó que el plan era comenzar con las demoliciones a finales de 2023. Además, consideró viable finalizar esta obra antes de que terminara la Administración de Rodrigo Chaves en 2026.
“Sí, es completamente factible desarrollar este proyecto en ese período de tiempo”, afirmó en respuesta a la consulta de El Observador.
Ambas ideas fueron respaldadas por Laura Fernández, ministra de Planificación, en agosto, en respuesta a las preguntas de este medio. Sin embargo, el panorama ha cambiado y Fernández ya no puede asegurar que los trabajos de movimiento de tierras ni la entrega de la obra se llevarán a cabo en diciembre de 2023 y en 2026, respectivamente.
“De momento, estamos con el proyecto Ciudad Gobierno suspendido, a la espera de aclarar algunos temas de legalidad con la Contraloría General de la República. El Gobierno de la República, el equipo de ministros que lideramos este proyecto, presentamos un recurso de revocatoria con apelación en subsidio que todavía se encuentra en trámite en el despacho de la Contraloría. De cómo se resuelva ese recurso, dependerá un poco la hoja de ruta que debamos de seguir”, afirmó.
Se le consultó a la ministra cuál es la nueva estimación de inicio de obras de este proyecto, pero prefirió no adelantar una fecha, dadas las circunstancias entorno a su ejecución.
“No le puedo dar una fecha exacta. Es una lástima, íbamos súper bien, pero bueno, tuvimos esa pausa por esta situación, lo que sí es un hecho y le puedo garantizar es que va porque va”, dijo Fernández.
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Laura Fernández, ministra de Planificación, aseguró que el plan está frenado y por tanto, no se puede iniciar con la obra en diciembre. (Cortesía Casa Presidencial).
¿Y para el 2026?
El Poder Ejecutivo mantiene la esperanza de que se pueda aplicar el artículo 67 de la Ley de Contratación Pública con tal de que el proyecto sea un arrendamiento operativo.
“Le hemos dado a la Contraloría todos los criterios técnicos de legalidad y todo lo demás que consideramos importante que considere pero nada está escrito en piedra, es un proyecto que está en diseño”, dijo.
El modelo pretendido por el Gobierno y el BCIE se llama BOLT, que significa “Build, Operate, Lease & Transfer”, es decir “Construir, Operar, Arrendar y Tranferir.
Por lo tanto, el dinero lo pondría la entidad bancaria por un monto máximo de $450 millones y arrendaría al Estado durante 25 años.
“Ya hicimos la evaluación económica del proyecto, ya pudimos ver de cuánto sería el retorno económico que tendríamos, ya pudimos ver y levantar requerimientos de las 35 instituciones que iríamos a Ciudad Gobierno”, manifestó, pese a que no quiso adelantar dicho retorno hasta obtener una respuesta de la Contraloría.
En febrero pasado la exministra de Vivienda, Jéssica Martínez declaró que se tenía planeado cerrar la obra “antes de que termine esta administración”. No obstante, ahora tampoco hay garantía de la entrega del inmueble para el 2026.
Fernández señaló que el compromiso está en iniciar la obra, dado que implica además de la construcción, aspectos relacionados con conectividad de transporte, entre otras áreas.
“La expectativa, tal vez no construido, pero que ya la obra esté arrancada”, respondió a este medio.
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13 expropiaciones
Hasta el momento, el arquitecto venezolano Franco Micucci, ha sido el único ganador con este plan. Esto, tras ganar el concurso de diseño que lo hizo acreedor de $50.000 otorgados por el BCIE.
En total, se recibieron 28 propuestas provenientes de España, Venezuela, Estados Unidos, Colombia, Alemania, México, Puerto Rico y Costa Rica, informó Casa Presidencial.
En caso de continuar con el objetivo de realizar Ciudad Gobierno en Paso Ancho, se requerirán unas 13 expropiaciones. Desde el 21 de setiembre, este medio le solicitó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) el dato de lo presupuestado para este fin. Hasta este viernes 27 de octubre, no ha habido respuesta.
La idea es que este complejo de edificios alberguen 11.000 funcionarios y se pretenda un ahorro anual de aproximadamente $23,5 millones.
“Hay que ver como trabajan algunos empleados públicos. Yo los invito a que visiten algunos edificios que se alquilan, donde usted entra y lo golpea hasta el olor a moho… donde son cataratas por las paredes. Hay instituciones que trabajan en unas condiciones que no son las adecuadas. Yo no me voy a conformar ni vamos a tirar la toalla porque el proyecto sea difícil. Por el contrario, estamos dedicando mucho cariño, muchas horas de esfuerzo, yo sé que lo vamos a sacar adelante”, concluyó Fernández.
Una idea que no ve la luz
La administración Chaves Robles se suma a otras que han tenido la idea de construir Ciudad Gobierno con tal de disminuir el presupuesto en alquileres.
El primero de ellos se dio entre 2016-2010 con Óscar Arias como presidente de la República. Pese al impulso a la iniciativa, no fructificó.
Durante la administración de Luis Guillermo Solís se comenzó a hablar de este término y la idea de construir el complejo de edificios con el interés puesto en dejar de alquilar inmuebles que albergan instituciones públicas.
Este plan nació en 2014 y en 2015 se declaró de interés nacional mediante un Decreto Ejecutivo sin embargo, no vio la luz.
La idea se vendió como un lugar “con más de 140.000 m² distribuidos en seis torres de oficinas, parqueos para alojar hasta 5.000 vehículos, y que le ahorrará al país aproximadamente ¢32.000 millones anuales en alquileres”.
Luego, en 2021 la administración de Carlos Alvarado continuó con esta idea y presentó el estudio de factibilidad cuyo costo se fijó en $320 millones mediante la modalidad de concesión a 30 años.
Este tercer proyecto se promocionó como un lugar de 153.065 m² de construcción donde se reuniría a 16 instituciones públicas. En ese espacio también se planeaba la construcción de parqueos y área comercial.
También iba a estar en Plaza González Víquez. Este Gobierno prometió dejar concesionada esta obra sin embargo, dejaron sus cargos el 8 de mayo sin esta tarea cumplida.
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