Redacción El Observador
La ministra de Planificación, Laura Fernández, habló esta tarde del proyecto Ciudad Gobierno que está detenido, según dijo, debido a una advertencia que recibieron por parte de la Contraloría General de la República.
Según explicó, el órgano contralor advirtió a la Comisión de Gobierno que coordina este proyecto que no era viable el la figura de arrendamiento operativo planteado para ejecutar esta obra “a pesar de que aun no se ha finalizado la formulación completa del proyecto”, indicó Fernández.
El modelo pretendido por el Gobierno y el BCIE – que financiaría la obra- se llama BOLT, que significa “Build, Operate, Lease & Transfer”, es decir “Construir, Operar, Arrendar y Tranferir.
Por lo tanto, el dinero lo pondría la entidad bancaria por un monto máximo de $450 millones y arrendaría al Estado durante 25 años.
Según Fernández, el Gobierno paga $52 millones al año por alquiler de edificios y con Ciudad Gobierno en el primer año se pagarían $33 millones.
Para la ministra más que una advertencia, la Contraloría lo que giró fue “un deténgase”. Mientras, el presidente Rodrigo Chaves calificó de “prohibición”.
El Gobierno presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio que todavía se encuentra en trámite en el despacho de la Contraloría.
El 30 de octubre anterior El Observador informó que se esfumaban los planes con respecto a este proyecto. En ese momento la ministra dijo que estaban a la espera de unas aclaraciones de la Contraloría.
La ministra Fernández insistió que han buscado acercamientos con la Contraloría sin embargo, hasta el momento no han tenido una respuesta positiva.
En febrero pasado la exministra de Vivienda, Jéssica Martínez declaró que se tenía planeado cerrar la obra “antes de que termine esta administración”. No obstante, ahora tampoco hay garantía de la entrega del inmueble para el 2026.
Una idea que no ve la luz
La administración Chaves Robles se suma a otras que han tenido la idea de construir Ciudad Gobierno con tal de disminuir el presupuesto en alquileres.
El primero de ellos se dio entre 2016-2010 con Óscar Arias como presidente de la República. Pese al impulso a la iniciativa, no fructificó.
Durante la administración de Luis Guillermo Solís se comenzó a hablar de este término y la idea de construir el complejo de edificios con el interés puesto en dejar de alquilar inmuebles que albergan instituciones públicas.
Este plan nació en 2014 y en 2015 se declaró de interés nacional mediante un Decreto Ejecutivo sin embargo, no vio la luz.
La idea se vendió como un lugar “con más de 140.000 m² distribuidos en seis torres de oficinas, parqueos para alojar hasta 5.000 vehículos, y que le ahorrará al país aproximadamente ¢32.000 millones anuales en alquileres”.
Luego, en 2021 la administración de Carlos Alvarado continuó con esta idea y presentó el estudio de factibilidad cuyo costo se fijó en $320 millones mediante la modalidad de concesión a 30 años.
Este tercer proyecto se promocionó como un lugar de 153.065 m² de construcción donde se reuniría a 16 instituciones públicas. En ese espacio también se planeaba la construcción de parqueos y área comercial.
También iba a estar en Plaza González Víquez. Este Gobierno prometió dejar concesionada esta obra sin embargo, dejaron sus cargos el 8 de mayo sin esta tarea cumplida.
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