Ciudad Gobierno, el proyecto para contar con un complejo gubernamental que albergaría a más de 35 instituciones públicas y 10.000 funcionarios, fue una de las iniciativas que recibió más impulso del Poder Ejecutivo en el 2023.
Sin embargo, han transcurrido más de tres meses de la presentación del proyecto ante la Asamblea Legislativa, sin que dé señales de avance.
Esta obra tuvo su mayor obstáculo cuando la Contraloría General de la República rechazó, el pasado 5 de octubre, el recurso de apelación en subsidio presentado por los ministerios de Planificación y de Hacienda.
El ente contralor refutó la figura de arrendamiento propuesta, con la que se pretendía usar un terreno propiedad del Estado para su construcción.
Además, señaló la falta de un proceso de licitación pública, debido a que el Ejecutivo construiría a través de un empréstito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de $450 millones.
Tanto la Presidencia de la República como el Ministerio de Planificación (Mideplan) insistieron en que la obra representaría un ahorro de $17 millones anuales, contra los $50 millones por año que cancela el Gobierno por concepto de alquileres.
Dos proyectos
Ante el rechazo del ente contralor a la figura propuesta en el proyecto, el Ejecutivo anunció la convocatoria de dos textos propios al Congreso en las pasadas sesiones extraordinarias, período donde el Ejecutivo toma el control de la agenda legislativa.
Es así que, el 14 de diciembre, Presidencia presentó dos proyectos para avanzar con la construcción de Ciudad Gobierno. Uno de ellos sobre una interpretación auténtica de los artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública y, un segundo texto, que propone una reforma de dichos artículos para avalar la figura de arrendamiento propuesta por el Gobierno.
A este esfuerzo, se le sumó el interés del presidente de la República, Rodrigo Chaves, por reunirse con la Contralora General, Marta Acosta, a fin de discutir por los avances
Posterior a la reunión, el pasado mes de febrero, Chaves dijo que “valoraría” otras formas para construir Ciudad Gobierno, fuera de las excepciones de la ley, como pretendía el Ejecutivo con un modelo de arrendamiento y sin un proceso de adjudicación pública, dado que se le asignó directamente el proyecto al BCIE.
Incluso, tanto la ministra de Planificación Nacional, Laura Fernández y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, han acudido a la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, para defender los textos que permitirían la construcción del complejo y, a su criterio, otras obras públicas.
La ministra de Planificación, Laura Fernández, ha sostenido reuniones con la Contraloría y audiencias con los diputados donde defiende la viabilidad de la obra. (Cortesía Casa Presidencial).
“Como equipo técnico creemos que el proyecto de interpretación auténtica es el que más conviene. Sin embargo, al ser una responsabilidad legislativa estamos presentando las dos opciones. Aquí lo importante es que este proyecto camine por beneficio de los costarricenses”, defendió la jerarca de Planificación, Laura Fernández, semanas atrás.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó que estas reformas no tienen como único fin la construcción de Ciudad Gobierno, sino el mejoramiento de la obra pública y que constituye una medida “genérica”.
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“Es importante señalar que los dos buscan el mismo objetivo y, lo que considero yo, es que responden a una dinámica particular para responder a dos cosas importantes”, aclaró, en su momento, a los diputados.
La jerarca del Mideplan aseguró que, con el ahorro de 30.000 millones de la obra, se podrían construir al menos 35 colegios nuevos y “una Ruta a San Carlos por año”.
Contraloría con “dudas”
Pese a los esfuerzos del Ejecutivo para convencer a los diputados sobre la viabilidad de los proyectos, la Contralora Marta Acosta, asistió al Congreso, el miércoles de la semana anterior, para indicarle a los legisladores sus preocupaciones sobre la obra.
Acosta aseguró que los dos proyectos presentados por el Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa, con el fin de poder hacer realidad Ciudad Gobierno, son improcedentes.
La jerarca asegura que le estarían generando un “boquete a la transparencia” pues considera que buscan “brincarse” los controles de la Ley de Contratación Pública.
“Atentan contra principios constitucionales y le abren un boquete al sistema de contratación costarricense. Más allá del tema, es el boquete que se le hace a la transparencia, a la libre competencia, que es importante y lo hemos cuidado por años”, indicó la contralora.
Para la Contralora General, Marta Acosta, el proyecto es “improcedente” y chocaría con la Ley de Contratación Pública (Archivo).
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Los proyectos se presentaron el pasado 14 de diciembre y se tramitan bajo los expedientes 24.099 y 24.100; uno versa sobre una interpretación auténtica de los artículos 67 y 77 de la Ley de Contratación Pública y, el segundo, recomienda una reforma a dichos artículos.
“En relación con el artículo 67 y 77 no son aclaraciones, sino lo que se está haciendo es crear un nuevo tipo contractual que conlleva cinco contratos que permite a un privado construir en terrenos públicos escogido a dedo”, explicó Acosta.
La contralora afirma que en caso de que se aprueben las propuestas en el Congreso, los boquetes que se abrirían serían graves para el futuro de la claridad en la contratación pública.
“No vamos a estar asegurando ni la calidad de los bienes, ni la idoneidad del contratista. Vamos a dejar de tener ahorro y descuentos, porque mientras más oferentes hay, más ahorros se pueden generar. Lo consideramos improcedente”, reafirmó.
Además, a la jerarca del ente contralor le preocupa la posibilidad de endeudamiento para el país, así como una cláusula del contrato con el BCIE que, a su criterio, se torna “difusa”, debido a que, según su equipo, el inmueble no pasaría a ser propiedad del Estado al transcurrir los 25 años del plazo de préstamo.
Rechazo de apelación
El Ejecutivo optó por la presentación de los textos de ley ante el rechazo del ente contralor del recurso de apelación en subsidio sobre el modelo de arrendamiento del complejo gubernamental.
El pasado 5 de octubre, el Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la Contraloría resolvió rechazar el recurso de revocatoria, estableciendo una advertencia sobre el modelo de arrendamiento, dejando así el recurso sin lugar con base en una interpretación del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública.
En la resolución del recurso de apelación, el despacho de la contralora Marta Acosta interpretó lo siguiente:
- Que el arrendamiento de bienes inmuebles por construir o en proceso de construcción debe ser sobre terrenos privados.
- Que la norma no ampara encargar directamente a un tercero el diseño y construcción de obra pública a la medida.
- Que el arrendamiento financiero es endeudamiento.
- Que el artículo 67 no contempla el diseño, construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia de los bienes al Estado.
- Posteriormente, el órgano contralor notificó al Mideplan y al Ministerio de Hacienda la resolución R-DC-00114-2023 del recurso de apelación en subsidio, el pasado 27 de noviembre, ante el oficio de advertencia sobre el tema Ciudad Gobierno.
El proyecto de Ciudad Gobierno estaría a cargo del BCIE, por un monto de $450 millones, que se cancelaría en un plazo de 25 años.
Ante este escenario, la obra quedará a criterio de los diputados, quienes tomarán la última decisión sobre los proyectos.
Los legisladores ya adelantaron que descartan el primer proyecto, sobre la interpretación auténtica, y que se centrarán en el segundo texto, sobre la reforma de los artículos 67 y 77 de la Ley de Contratación Pública.
Sumado a lo anterior, el Ejecutivo, además de las audiencias en comisiones legislativas, ha abordado el tema de Ciudad Gobierno en las reuniones entre el presidente Chaves y los jefes de fracción.
Otra vía que evaluará el Ejecutivo es la agilización de los proyectos, posterior a acuerdos con los jefes de fracción, que actualmente está realizando, para la inclusión en las próximas sesiones extraordinarias, que inician en el mes de mayo.
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