Gustavo Martinez
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, insistió, este martes en la necesidad de la aprobación de las reformas de ley para construir Ciudad Gobierno y otros proyectos públicos.
Se trata de los proyectos sobre la reforma de los artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública, así como una interpretación auténtica de los mismos, presentados por el Gobierno, en sesiones extraordinarias.
El jerarca de Hacienda afirmó que estas reformas no tienen como único fin la construcción de Ciudad Gobierno, sino el mejoramiento de la obra pública y que constituye una medida “genérica”.
“Yo creo que no tiene que ver con Ciudad Gobierno, sino que este marco le permitiría a otras instituciones su uso”, manifestó Acosta.
Así lo informó el jerarca en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, este martes.
Acosta aseguró que las reformas son necesarias ante las deficiencias estructurales del país, en apego a evaluaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“El BID estableció que para poder cerrar las brechas estructurales al 2030, el país debería invertir un 4% del Producto Interno Bruto (PIB). Eso significa una brecha de 1.1% cada uno de los años”
Ante este escenario, sostuvo que el país no cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades logísticas.
Los proyectos
El primer expediente es una reforma de los artículos 67 y 77 de la Ley 9986 Ley de Contratación Pública y, por otro lado, una interpretación auténtica.
“Es importante señalar que los dos buscan el mismo objetivo y, lo que considero yo, es que responden a una dinámica particular para responder a dos cosas importantes”, aclaró.
Según Acosta, el primer proyecto busca establecer una modificación de los plazos y prórrogas.
“En un negocio que donde lo que se provee es un bien con un alto valor, no se puede aplicar el plazo máximo de 4 años o de 10 años que es en la contratación pública. Habría que utilizar plazos más amplios”, explicó.
También catalogó como un “contrasentido” que se estimen plazos indefinidos en temas de arrendamientos.
“Es importante señalar cómo se clasifican los arrendamientos (…) que deberíamos asegurar dentro de la redacción del artículo 67 para que se pueda discernir claramente qué corresponde a un arrendamiento operativo (regulado por el 67) y un arrendamiento financiero (regulado por el artículo 77”, enfatizó el jerarca de Hacienda.
Críticas
Acosta reafirmó que esta iniciativa no responde únicamente a Ciudad Gobierno, sino que, busca la construcción de obra pública para toda la institucionalidad del Estado.
Ante esto, el diputado de Liberación Nacional, Francisco Nicolás, cuestionó si se han planteado que el financiamiento de $450 millones del BCIE no alcance para la construcción, por lo que el Estado podría terminar co-financiando el complejo.
También cuestionó que organismo internacional fuese el que seleccionara la empresa constructora del inmueble y no el Estado, el arrendante del proyecto.
“Reitero mi interés y apoyo a Ciudad Gobierno y a esta iniciativa genérica”, manifestó Nicolás.
Otras vías
Acosta indicó que la reforma podría favorecer a municipios que cuentan con terrenos que no se pueden arrendar. También, según su criterio, beneficiaría a entidades como la Caja Costarricense, que podría disponer del arrendamiento operativo y, así, no endeudarse.
El diputado oficialista, Manuel Morales, reforzó la idea del jerarca de que dichas reformas podrían desencadenar múltiples posibilidades de construcción y arrendamiento.
El liberacionista, Danny Vargas, cuestionó que si estos dos proyectos son suficientes para salir avante con la construcción del inmueble gubernamental.
La diputada del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, en la misma línea, criticó el proyecto de la interpretación auténtica, ya que esta implica que se deba reinterpretar una decisión ya tomada, en este caso, de la Contraloría General de la República.
“Creo que la reforma es el mecanismo adecuado, pero no ha pasado nada dentro del proceso, porque hasta hoy hemos tenidos actos preparatorios”, señaló Acosta.
Alfaro insiste que la interpretación versa sobre valoraciones que se dieron en el pasado en un marco de ilegalidad.
“Me preocupa que es un problema que se hereda a partir de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas. Seguimos atados y haciendo modificaciones”, respondió la diputada frenteamplista.
Además, el jerarca percibe estos mecanismos como una forma de que la CCSS financie sus obras si un endeudamiento y reducción de recursos.
El diputado de la Unidad, Alejandro Pacheco, afirmó que el proyecto de “interpretación auténtica” estaría “muerto”, ya que esto aplica cuando una directriz no es clara. Para el diputado el lineamiento sí lo es y no aplicaría la reforma propuesta.
Por su parte, el diputado del Liberal Progresista (PLP), Jorge Dengo, si bien valora la intención de mejorar la construcción de obra pública, pero, en la línea de otros legisladores, cuestiona la “interpretación auténtica”.
Ante esto, recomienda centrarse en el proyecto de reforma de los artículos 67 y 77 y así diferenciar los tipos de arrendamiento.
El verdiblanco, Francisco Nicolás, cuestionó también la insistencia del jerarca de priorizar el gasto a la inversión pública, con base en la Regla Fiscal.
“Me llama la atención que no contemple esa vía menos escabrosa (inversión en lugar de gasto público)”, señaló el liberacionista.
En la audiencia se abordó el planteamiento del Gobierno de construir sobre un terreno público.
“La idea es que podamos darle a quien construye un derecho sobre el terreno público” respondió Acosta.
Licitación
El diputado Nicolás cuestionó la defensa de otorgar directamente la obra al ente internacional, sin un proceso de licitación pública.
Sumado, el diputado socialcristiano, Alejandro Pacheco, acotó que la licitación y contratación pública forma parte del artículo 67. Ante lo que cuestiona que se quiera separar este proceso que ya forma parte de la legislación.
“Creo que hay un diferencia del proceso, esto no es una compra, no puede caber estos mecanismo dentro de la ley, esta licitación se puede hacer cuando se tenga diseñada la obra. Comprabamos cosas que al tiempo no nos sirve, pero nosotros seguimos comprando un bien que en dos años ya es obsoleto”, dijo Acosta.
Acosta considera que con la aprobación de la reforma se dotará del escenario suficiente para el visto bueno y el inicio de la obra.
Vía legislativa
Ambos proyectos fueron presentados por el Ministerio de Planificación Nacional (Mideplan) ante el Congreso, el pasado 14 de diciembre, en el marco de las sesiones extraordinarias. En este período, el Ejecutivo toma el control de la agenda legislativa.
Esto debido a las advertencias que emitió la Contraloría General de la República (CGR), desde el pasado 5 de octubre, con base al modelo de arrendamiento propuesto por el Ejecutivo.
La obra estaría a cargo del BCIE por un monto de $450 millones, en terrenos propiedad del Estado.
El Estado costarricense tendría un plazo de 25 años para saldar la deuda con el organismo internacional.
Tanto el presidente Chaves y la jerarca de Mideplan, Laura Fernández, han enfatizado que la obra representará un ahorro al país de ¢30.000 millones anuales.
El interés por iniciar con el proyecto escaló a tal punto que, el presidente Rodrigo Chaves se reunió con la Contralora General, Marta Acosta, para discutir sobre las advertencias del ente contralor sobre la obra.
Estos proyectos, si bien, no fueron evaluados en las sesiones extraordinarias, desde la Presidencia se han tratado de ubicar con prioridad en la agenda de ordinarias, de la mano con la reunión entre el Ejecutivo y los jefes de fracciones partidarias de la Asamblea Legislativa.
La audiencia sobre la reforma a los artículos 67 y 77 y la interpretación auténtica, se extenderá para el próximo miércoles 14 de febrero, cuando comparecerá la jerarca de Mideplan, Laura Fernández.
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