Gustavo Martinez
El Ministerio de Planificación Nacional (Mideplan) insiste en las dos propuestas presentadas ante el Congreso para garantizar la construcción de Ciudad Gobierno, las cuales envió el pasado 14 de diciembre.
Un proyecto consiste en la llamada interpretación auténtica de los artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública. Esta es una interpretación que realiza un mismo autor u órgano legislativo de una normativa promulgada por él mismo.
La segunda iniciativa gira en torno a una reforma de dichos artículos. Sin embargo, el Mideplan apuesta por la primera propuesta.
“Consiste en una interpretación auténtica de los artículos 66 y 67 de la Ley, de forma tal que los diputados puedan analizar con toda calma el espíritu real de esa ley. No encontramos en normas ni en audiencias legislativas y de la Contraloría sobre las prohibiciones de construir este proyecto en un terreno público, la cual es la mayor diferencia con la Contraloría”, manifestó la ministra de Planificación, Laura Fernández.
“Como equipo técnico creemos que el proyecto de interpretación auténtica es el que más conviene. Sin embargo, al ser una responsabilidad legislativa estamos presentando las dos opciones. Aquí lo importante es que este proyecto camine por beneficio de los costarricenses”, amplió la jerarca.
Hacienda insiste
La defensa de la interpretación auténtica quedó en evidencia la semana anterior, durante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, donde los jerarcas del Mideplan y Hacienda defendieron el proyecto de interpretación auténtica.
El jerarca de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó ante los diputados que estas reformas no tienen como único fin la construcción de Ciudad Gobierno, sino el mejoramiento de la obra pública y que constituye una medida “genérica”.
“Es importante señalar que los dos buscan el mismo objetivo y, lo que considero yo, es que responden a una dinámica particular para responder a dos cosas importantes”, aclaró.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, defendió ante los diputados los proyectos para construir Ciudad Gobierno (Archivo/El Observador).
Claridad de la Ley
Pese a los argumentos de ambos jerarcas, los diputados no se mostraron convencidos durante la audiencia por la propuesta de interpretación.
La diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, criticó el proyecto de interpretación auténtica, argumentando que este aplica cuando una legislación se torna confusa o cuando dos instituciones hacen análisis distintos.
Alfaro señaló que, para este caso, la Ley General de Contratación es muy clara sobre el tema del arrendamiento.
Agregó que, con dicha interpretación, se tendría que “reinterpretar” una decisión ya tomada. En este caso, la advertencia de la Contraloría General de la República. La cual no es de carácter retroactivo y de acatamiento obligatorio.
Diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, descartó la interpretación auténtica ante la claridad de la ley en temas de arrendamiento (Asamblea Legislativa).
Alfaro insistió en que la interpretación versa sobre valoraciones que se dieron en el pasado en un marco de ilegalidad.
“Me preocupa que es un problema que se hereda a partir de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas. Seguimos atados y haciendo modificaciones”, respondió la diputada frenteamplista.
En la misma línea, el diputado de la Unidad, Alejandro Pacheco, afirmó que el proyecto de “interpretación auténtica” estaría “muerto”, ya que esto aplica cuando una directriz no es clara. Según Pacheco el lineamiento sí lo es y no aplicaría la reforma propuesta.
Por su parte, el diputado del Liberal Progresista (PLP), Jorge Dengo, si bien valora la intención de mejorar la construcción de obra pública, pero, en la línea de otros legisladores, cuestiona la “interpretación auténtica”.
Ante esto, recomendó centrarse en el proyecto de reforma de los artículos 67 y 77 y así diferenciar los tipos de arrendamiento.
Vía Legislativa
El Ejecutivo optó por la vía legislativa, con la presentación de los dos proyectos de ley, ante las advertencias emitidas por la Contraloría General de la República (CGR).
Esta negativa se dio por el modelo de arrendamiento propuesto por el Gobierno, donde se pretende construir en un terreno propiedad del Estado y sin un concurso de licitación abierta, ya que la obra estaría a cargo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El pasado 5 de octubre, el Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la Contraloría resolvió rechazar el recurso de revocatoria, estableciendo una advertencia sobre el modelo de arrendamiento, dejando así el recurso sin lugar con base en una interpretación del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública.
En la resolución del recurso de apelación, el despacho de la contralora Marta Acosta interpretó lo siguiente:
- Que el arrendamiento de bienes inmuebles por construir o en proceso de construcción debe ser sobre terrenos privados.
- Que la norma no ampara encargar directamente a un tercero el diseño y construcción de obra pública a la medida.
- Que el arrendamiento financiero es endeudamiento.
- Que el artículo 67 no contempla el diseño, construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia de los bienes al Estado.
Posteriormente, el órgano contralor notificó al Mideplan y al Ministerio de Hacienda la resolución R-DC-00114-2023 del recurso de apelación en subsidio, el pasado 27 de noviembre, ante el oficio de advertencia sobre el tema Ciudad Gobierno.
Ciudad Gobierno
La jerarca del Mideplan aseguró que, con el ahorro de 30.000 millones de la obra, se podrían construir al menos 35 colegios nuevos y “una Ruta a San Carlos por año”.
El proyecto de Ciudad Gobierno estaría a cargo del BCIE, por un monto de $450 millones, que se cancelaría en un plazo de 25 años.
Este complejo gubernamental albergaría a 35 instituciones públicas y a más de 10.000 funcionarios públicos. El proyecto se ubicaría en Plaza González Víquez, donde hoy se ubica un plantel del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Ciudad Gobierno se ubicará en Plaza González Víquez (Archivo/El Observador).
El interés por iniciar con el proyecto escaló a tal punto que, el presidente Rodrigo Chaves se reunió con la Contralora General, Marta Acosta, para discutir sobre las advertencias del ente contralor para la obra.
Si bien estos dos proyectos fueron presentados en las sesiones extraordinarias, desde la Presidencia se han tratado de ubicar con prioridad en la agenda ordinaria, de la mano con la reunión entre el Ejecutivo y los jefes de fracciones partidarias de la Asamblea Legislativa.
De momento, se desconoce el momento en que los proyectos se discutan en el Congreso. Serán los legisladores los que decidan si descartan la interpretación auténtica y se centran en la reforma, para uno de los proyectos de obra pública más impulsados desde el Ejecutivo.
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