Hermes Solano
La contralora Marta Acosta aseguró que los dos proyectos presentados por el Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa, con el fin de poder hacer realidad Ciudad Gobierno, son improcedentes.
La jerarca asegura que le estarían generando un “boquete a la transparencia” pues considera que buscan “brincarse” los controles de la Ley de Contratación Pública.
“Atentan contra principios constitucionales y le abren un boquete al sistema de contratación costarricense. Más allá del tema, es el boquete que se le hace a la transparencia, a la libre competencia, que es importante y lo hemos cuidado por años”, indicó la jefa de la Contraloría General de la República.
Los proyectos se presentaron en diciembre del año anterior y se tramitan bajos los expedientes 24.099 y 24.100; uno busca una interpretación auténtica de los artículos 67 y 77 de la Ley de Contratación Pública y otro los reforma.
“En relación con el artículo 67 y 77 no son aclaraciones, sino lo que se está haciendo es crear un nuevo tipo contractual que conlleva cinco contratos que permite a un privado construir en terrenos públicos escogido a dedo”, explicó Acosta.
La contralora afirma que en caso de que se aprueben las propuestas en el Congreso, los boquetes que se abrirían serían graves para el futuro de la claridad en la contratación pública.
“No vamos a estar asegurando ni la calidad de los bienes, ni la idoneidad del contratista. Vamos a dejar de tener ahorro y descuentos, porque mientras más oferentes hay, más ahorros se pueden generar. Lo consideramos improcedente”, reafirmó.
Preocupa endeudamiento
Acosta consideró que el planteamiento hecho por el Gobierno y que defendieron los ministerio de Hacienda y Planificación genera más deuda al Estado.
Así lo afirmó durante su comparecencia en la Comisión de Jurídicos de la Asamblea Legislativa este miércoles. En ese foro parlamentario se discuten y analizan los dos expedientes relacionados a Ciudad Gobierno.
“La figura propuesta en terrenos públicos implica más deuda, pues se pretende utilizar el arrendamiento en terrenos públicos, el cual será financiero pues siempre el uso del bien deberá regresar al Estado, el inversionista deberá recuperar su inversión y el Estado tendrá, por tanto, una obligación de pago de mediano o largo plazo”, señaló la contralora.
“Pretender no registrar el endeudamiento no es transparente y se podría tornar insostenible y perjudicial”, añadió.
Tras su participación en la sesión del órgano legislativo, la contralora reiteró a los medios su preocupación sobre el endeudamiento que no se registraría a través de la figura propuesta.
“No entendemos por qué para conseguir un fin, no importa los medios”, mencionó.
OBSERVE MÁS: Mideplan insiste en impulsar proyecto para Ciudad Gobierno, mientras diputados descartan la propuesta
Contralora Marta Acosta estuvo en audiencia ante los diputados por proyectos del Ejecutivo sobre Ciudad Gobierno. (Hermes Solano / El Observador)
Prestar atención
Aunque la intención de los proyectos de ley es permitir la construcción de Ciudad Gobierno luego de que la CGR frenara el proceso que se quería seguir, la contralora es enfática en que, de aprobarse, las leyes se podría aplicar a toda obra pública que se quiera construir.
Por eso dice que hay que tener cuidado.
“Es el proyecto (de Ciudad Gobierno) que podría ajustarse a este nuevo modelo que se está definiendo; sin embargo, tener claro que si algún día se aprobara, no sería solo para Ciudad Gobierno, sino para toda la obra pública”, indicó.
La discusión continuará en la Comisión de Jurídicos, donde al parecer, la mayoría de diputados están en contra de las iniciativas.
Ministerio de Planificación defiende proyectos sobre Ciudad Gobierno (Archivo)
Vía Legislativa
El Ejecutivo optó por la vía legislativa, con la presentación de los dos proyectos de ley, ante las advertencias emitidas por la Contraloría General de la República (CGR).
Esta negativa se dio por el modelo de arrendamiento propuesto por el Gobierno, donde se pretende construir en un terreno propiedad del Estado y sin un concurso de licitación abierta, ya que la obra estaría a cargo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El pasado 5 de octubre, el Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la Contraloría resolvió rechazar el recurso de revocatoria, estableciendo una advertencia sobre el modelo de arrendamiento, dejando así el recurso sin lugar con base en una interpretación del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública.
En la resolución del recurso de apelación, el despacho de la contralora Marta Acosta interpretó lo siguiente:
- Que el arrendamiento de bienes inmuebles por construir o en proceso de construcción debe ser sobre terrenos privados.
- Que la norma no ampara encargar directamente a un tercero el diseño y construcción de obra pública a la medida.
- Que el arrendamiento financiero es endeudamiento.
- Que el artículo 67 no contempla el diseño, construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia de los bienes al Estado.
Posteriormente, el órgano contralor notificó al Mideplan y al Ministerio de Hacienda la resolución R-DC-00114-2023 del recurso de apelación en subsidio, el pasado 27 de noviembre, ante el oficio de advertencia sobre el tema Ciudad Gobierno.
En defensa
“Como equipo técnico creemos que el proyecto de interpretación auténtica es el que más conviene. Sin embargo, al ser una responsabilidad legislativa estamos presentando las dos opciones. Aquí lo importante es que este proyecto camine por beneficio de los costarricenses”, defendió la jerarca de Planificación, Laura Fernández, semanas atrás.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó que estas reformas no tienen como único fin la construcción de Ciudad Gobierno, sino el mejoramiento de la obra pública y que constituye una medida “genérica”.
“Es importante señalar que los dos buscan el mismo objetivo y, lo que considero yo, es que responden a una dinámica particular para responder a dos cosas importantes”, aclaró, en su momento, a los diputados.
La jerarca del Mideplan aseguró que, con el ahorro de 30.000 millones de la obra, se podrían construir al menos 35 colegios nuevos y “una Ruta a San Carlos por año”.
El proyecto de Ciudad Gobierno estaría a cargo del BCIE, por un monto de $450 millones, que se cancelaría en un plazo de 25 años.
Este complejo gubernamental albergaría a 35 instituciones públicas y a más de 10.000 funcionarios públicos. El proyecto se ubicaría en Plaza González Víquez, donde hoy se ubica un plantel del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El interés por iniciar con el proyecto escaló a tal punto que, el presidente Rodrigo Chaves se reunió con la Contralora General, Marta Acosta, para discutir sobre las advertencias del ente contralor para la obra.
OBSERVE MÁS SOBRE ESTE TEMA:
