Gustavo Martinez
La ministra de Planificación Nacional, Laura Fernández, cuestionó a la contralora general, Marta Acosta, por las críticas que hizo la jerarca a los proyectos de ley que buscan la construcción de Ciudad Gobierno y que se encuentran en la Asamblea Legislativa.
La jerarca de Gobierno responde a lo que dijo Acosta a los diputados el pasado miércoles. La contralora afirmó que con los dos proyectos “se le hace un boquete a la transparencia” y que las iniciativas “buscan saltarse a la Contraloría y la licitación pública”.
“En esto hay que decir muchas cosas, y me extraña mucho, que la Contraloría haya, de cierta forma, sembrado dudas sobre cosas que ya saben que no son ciertas. Porque el Gobierno de la República se lo ha aclarado, incluso, en el recurso de apelación (5 de octubre) que nosotros le presentamos”, respondió Fernández ante la audiencia de Acosta en el Congreso.
Sobre los alcances de la obra, la cual asumiría el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de $450 millones, la ministra afirma que son puntos “clarísimos” para ambas partes.
La ministra de Planificación, Laura Fernández, refuta los argumentos de la Contraloría General sobre Ciudad Gobierno (Archivo/El Observador).
“También sabe la Contraloría, porque se los hemos manifestado por escrito, que habrá un concurso internacional, conducido por el BCIE, el cual será incluido en la página del Sicop (Sistema Integrado de Compras Públicas)”, dijo la jerarca de Mideplan.
Fernández asegura que, durante el proceso, el banco dispondrá de una licitación internacional, para la construcción del complejo.
“Qué más transparencia y qué más búsqueda de un mejor precio que un concurso internacional, conducido por un organismo internacional, que es auditado y regido por normas súper estrictas. Recordemos que la propuesta que le ha hecho el BCIE al Gobierno de la República sería ese banco el que está asumiendo todos los riesgos adyacentes al proyecto”.
“El BCIE estaría asumiendo los riesgos en los diseños, en la construcción, en la operación y también en el mantenimiento. Ese es un modelo que le conviene muchísimo a nuestro país, porque, como dije, los riesgos de la obra están siendo asumidos por otros y no por el Gobierno”, recalcó la ministra de Planificación.
Fernández insiste en que los réditos y ahorros de la obra se le trasladarán al Gobierno de la República.
“Se le estarían trasladando a los costarricenses. ¿Por qué? Porque si en esa licitación internacional se determina un precio inferior al que el BCIE inicialmente ha dicho que puede asumir, esas ventajas del precio se le trasladan al costo del proyecto”, señaló.
La ministra de Mideplan catalogó de “falsas” las posiciones del ente contralor ante los diputados, respecto a que una vez concluida la obra, los edificios “no pasarían a ser propiedad del Estado”.
“Es absolutamente falso que no haya un traslado de los edificios al Gobierno. Es también absolutamente falso que no habría un contrato con un plazo fijo para esta operación, no es propio, empezar a incluir dentro de la discusión de un proyecto tan importante temas para sembrar dudas e ideas mal infundadas que solamente desinforman”, enfatizó.
“A mí me llama mucho la atención y quisiera preguntar: ¿cuándo hizo el Gobierno un concurso público para alquilar el edificio de Mideplan o para alquilar cualquier otro edificio que por décadas se han alquilado por miles de millones de colones, con contratos que se renuevan año con año. También, ¿cuántos de esos contratos han sido refrendados por la Contraloría? Que yo sepa, ninguno”, amplió Fernández.
Señala “riesgos”
La contralora Marta Acosta aseguró que los dos proyectos presentados por el Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa, con el fin de poder hacer realidad Ciudad Gobierno, son improcedentes.
La jerarca asegura que le estarían generando un “boquete a la transparencia” pues considera que buscan “brincarse” los controles de la Ley de Contratación Pública.
la contralora Marta Acosta señala ante diputados posibles riesgos de endeudamiento e “inviabilidad” de proyectos para Cuidad Gobierno (Hermes Solano/El Observador).
“Atentan contra principios constitucionales y le abren un boquete al sistema de contratación costarricense. Más allá del tema, es el boquete que se le hace a la transparencia, a la libre competencia, que es importante y lo hemos cuidado por años”, indicó la jefa de la Contraloría General de la República.
Los proyectos se presentaron el pasado 14 de diciembre y se tramitan bajo los expedientes 24.099 y 24.100; uno versa sobre una interpretación auténtica de los artículos 67 y 77 de la Ley de Contratación Pública y, el segundo, recomienda una reforma a dichos artículos.
“En relación con el artículo 67 y 77 no son aclaraciones, sino lo que se está haciendo es crear un nuevo tipo contractual que conlleva cinco contratos que permite a un privado construir en terrenos públicos escogido a dedo”, explicó Acosta.
La contralora afirma que en caso de que se aprueben las propuestas en el Congreso, los boquetes que se abrirían serían graves para el futuro de la claridad en la contratación pública.
“No vamos a estar asegurando ni la calidad de los bienes, ni la idoneidad del contratista. Vamos a dejar de tener ahorro y descuentos, porque mientras más oferentes hay, más ahorros se pueden generar. Lo consideramos improcedente”, reafirmó.
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Preocupa endeudamiento
Acosta consideró que el planteamiento hecho por el Gobierno, y que defendieron los ministerios de Hacienda y Planificación, genera más deuda al Estado.
Así lo afirmó durante su comparecencia en la Comisión de Jurídicos de la Asamblea Legislativa el miércoles. En ese foro parlamentario se discuten y analizan los dos expedientes relacionados al proyecto.
“La figura propuesta en terrenos públicos implica más deuda, pues se pretende utilizar el arrendamiento en terrenos públicos, el cual será financiero pues siempre el uso del bien deberá regresar al Estado, el inversionista deberá recuperar su inversión y el Estado tendrá, por tanto, una obligación de pago de mediano o largo plazo”, señaló la contralora.
“Pretender no registrar el endeudamiento no es transparente y se podría tornar insostenible y perjudicial”, añadió.
Tras su participación en la sesión del órgano legislativo, la contralora reiteró a los medios su preocupación sobre el endeudamiento que no se registraría a través de la figura propuesta.
“No entendemos por qué para conseguir un fin, no importa los medios”, mencionó.
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Vía Legislativa
El Ejecutivo optó por la vía legislativa, con la presentación de los dos proyectos de ley, ante las advertencias emitidas por la Contraloría General de la República (CGR).
Esta negativa se dio por el modelo de arrendamiento propuesto por el Gobierno, donde se pretende construir en un terreno propiedad del Estado y sin un concurso de licitación abierta, ya que la obra estaría a cargo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Complejo gubernamental estaría ubicado en Plaza González Víquez (Archivo/El Observador).
El pasado 5 de octubre, el Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la Contraloría resolvió rechazar el recurso de revocatoria, estableciendo una advertencia sobre el modelo de arrendamiento, dejando así el recurso sin lugar con base en una interpretación del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública.
En la resolución del recurso de apelación, el despacho de la contralora Marta Acosta interpretó lo siguiente:
- Que el arrendamiento de bienes inmuebles por construir o en proceso de construcción debe ser sobre terrenos privados.
- Que la norma no ampara encargar directamente a un tercero el diseño y construcción de obra pública a la medida.
- Que el arrendamiento financiero es endeudamiento.
- Que el artículo 67 no contempla el diseño, construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia de los bienes al Estado.
Posteriormente, el órgano contralor notificó al Mideplan y al Ministerio de Hacienda la resolución R-DC-00114-2023 del recurso de apelación en subsidio, el pasado 27 de noviembre, ante el oficio de advertencia sobre el tema Ciudad Gobierno.
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En defensa
“Como equipo técnico creemos que el proyecto de interpretación auténtica es el que más conviene. Sin embargo, al ser una responsabilidad legislativa estamos presentando las dos opciones. Aquí lo importante es que este proyecto camine por beneficio de los costarricenses”, defendió la jerarca de Planificación, Laura Fernández, semanas atrás.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó que estas reformas no tienen como único fin la construcción de Ciudad Gobierno, sino el mejoramiento de la obra pública y que constituye una medida “genérica”.
“Es importante señalar que los dos buscan el mismo objetivo y, lo que considero yo, es que responden a una dinámica particular para responder a dos cosas importantes”, aclaró, en su momento, a los diputados.
La jerarca del Mideplan aseguró que, con el ahorro de 30.000 millones de la obra, se podrían construir al menos 35 colegios nuevos y “una Ruta a San Carlos por año”.
El proyecto de Ciudad Gobierno estaría a cargo del BCIE, por un monto de $450 millones, que se cancelaría en un plazo de 25 años.
Este complejo gubernamental albergaría a 35 instituciones públicas y a más de 10.000 funcionarios públicos. El proyecto se ubicaría en Plaza González Víquez, donde hoy se ubica un plantel del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El interés por iniciar con el proyecto escaló a tal punto que, el presidente Rodrigo Chaves se reunió con la Contralora General, Marta Acosta, para discutir sobre las advertencias del ente contralor para la obra.
Posterior a la reunión, el pasado mes de febrero, Chaves dijo que “valoraría” otras formas para construir Ciudad Gobierno, fuera de las excepciones de la ley, como pretendía el Ejecutivo con un modelo de arrendamiento y sin un proceso de adjudicación pública, dado que se le asignó directamente el proyecto al BCIE.
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