Paula Ruiz
La comisión legislativa que investiga el Caso Cochinilla frenó al exasesor presidencial Camilo Saldarriaga, quien en dos ocasiones solicitó ser llamado en audiencia.
Pablo Heriberto Abarca, presidente del panel, reconoció que será la propia comisión la que determine si él debe ser llamado a cuentas.
Por el contrario, no se trata de que él realice la solicitud y, de inmediato, el foro acceda a llamarlo.
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“Esta comisión ha determinado una metodología y que de ser necesario procederemos mediante moción a convocarlo en el momento en que la comisión lo estime oportuno determine”, afirmó.
“No con notas o insistencias vamos a proceder de la manera que él (Saldarriaga) diga”, sentenció Abarca.
“Me parece que es politiquería, no es un tema central de la comisión. Hay que revisar los procesos, él era un asesor no un jerarca”, dijo Abarca con anterioridad.
Pablo Heriberto Abarca envió un mensaje a Camilo Saldarriaga tras las dos peticiones de audiencia realizadas por el exasesor presidencial. Cortesía.
¿Por qué él?
Saldarriaga era considerado la mano derecha del presidente, Carlos Alvarado, y tenía funciones de enlace con instituciones públicas.
El propio exasesor presidencial confirmó que tenía entre sus labores el monitoreo de la ejecución del Presupuesto Nacional. Y que, además, articulaba con la Tesorería Nacional el giro de fondos a instituciones como Conavi.
¿Por qué se supervisaba el presupuesto de las instituciones desde Casa Presidencial cuando eso es competencia de Tesorería Nacional?
Según el expediente de investigación del caso, del que El Observador tiene copia, dos hombres de apellidos Solís Murillo y Molina Salas, funcionarios del Conavi, pidieron la intervención de Saldarriaga ante el Ministerio de Hacienda.
Lo que pretendían era la aprobación de ¢51.000 millones para cubrir un déficit que se había desviado a favor de las empresas constructoras.
“Para ejecutar el ilícito, Carlos Solís Murillo y Francisco Molina Salas contaron con la intervención esencial del asesor presidencial y encargado de los temas de infraestructura de Casa Presidencial, Juan Camilo Saldarriaga Jiménez, quien influiría sobre el Ministro de Hacienda, en ese momento el viceministro Isaac Castro Esquivel, para que se produjera el resultado pretendido por los funcionarios públicos”, dice la investigación del OIJ.
Debido a esto, se giró orden de allanamiento el 14 de junio por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en su vivienda y oficina.
Aunque no fue detenido tras la intervención en su oficina, llegó a su casa acompañado por el personal del OIJ, donde se realizó una revisión.
Su abogada Gabriela Arias admitió que le habían decomisado el celular y la computadora.
Reunión en Casa Presidencial
Este jueves, José Luis Araya, director de Presupuesto Nacional, indicó que en 2019, Saldarriaga participó en una reunión en Casa Presidencial donde se confirmó un hueco presupuestario en Conavi.
En el encuentro, Rodolfo Méndez, actual ministro de Obras Públicas y Transportes, expuso “que tenía una necesidad de recursos por ¢70.000 millones para construcción de obras”, relató.
Este faltante se debía a que Hacienda no le había girado en 2018 por cobro de impuesto a propiedad de vehículos y combustible, y a Tesorería no le dio tiempo para hacerlo, afirmó Araya.
Después de ese encuentro “se toma la decisión de buscar donde darle financiamiento y ahí es donde se encuentra que por gestión de deuda hay sobrante en amortización y se hace traslado”, detalló el jerarca.
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