Paula Ruiz
Comprar juegos de azar en lugares no autorizados por la Junta de Protección Social (JPS), lo podría convertir en copartícipe del delito de estafa en perjuicio de esta institución.
De acuerdo con José Francisco Mena, fiscal adjunto de Pococí, el negocio ilícito de lotería clandestina está al margen de la Ley y, por lo tanto, también tiene implicaciones sobre las personas que van a un determinado lugar a comprar “tiempos” que ganan conforme a los sorteos de la Junta.
Lo mismo sucede con quienes reciben premios con base en sorteos de otros países como Nicaragua, Panamá y República Dominicana, entre otros.
“Tal y como está establecida propiamente la Ley de Rifas y Loterías, los vincula como copartícipes de estos hechos. También se les podría aplicar la pena establecida por el delito de estafa en perjuicio de la Junta de Protección Social, así está establecida la norma”, manifestó Mena.
Con él coincide el abogado Wálter Brenes, quien detalló que cuando una persona va a estos lugares a comprar, tiene pleno conocimiento de que es clandestino.
“Existe un dolo. La persona sabe que está defraudando directamente a la Junta de Protección Social al estar comprando porque no es el canal y medio oficial”, especificó.
Incluso, el comprador también tiene claro que en caso de ganar, tendría ganancias mucho mayores que si pusiera su dinero a jugar con la Junta.
En esta misma línea, Mena señaló que mientras la JPS da un retorno de 70 veces la inversión, los clandestinos se elevan hasta 95.
“En tiempos reventados, que la Junta establece el pago de 200 veces la inversión, los grupos lo elevan a 300 veces (…) hay límite de inversión de ¢100 a ¢50.000 colones, según la Junta. Y al margen de la ley no tienen límite, resulta un factor importante para que las personas quieran participar en esta actividad ilícita”, agregó.
Por su parte, el abogado Carlos Cartín consideró que no es una coparticipación, pero sí una complicidad.
“La compra que esa persona realiza, colabora en esa estafa y desde esa perspectiva podría no ser una coparticipación, sino como una complicidad, es decir, un apoyo indirecto al delito que tiene los tres elementos de la estafa, que es un ardid donde se le vende lotería que no está autorizada por la Junta y que provoca un beneficio patrimonial para la persona que la vende -en este caso vendedores de tiempos clandestinos- y un perjuicio patrimonial para la Junta”, indicó.
De esta manera, esto está por encima de la libertad de decisión de compra de las personas dado que existe una Ley de Loterías y Rifas que protege este tipo de actividades en beneficio de la Junta con tal de que esta adquiera ganancias para ser distribuidas en programas de bien social.
Ligado a otros delitos
El Fiscal Adjunto advirtió que estos negocios podrían estar ligados a otros delitos como crimen organizado, narcotráfico y legitimación de capitales.
Tanto en el Ministerio Público como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), han registrado indicios fuertes que indican el posible ligamen con estos delitos, especificó Mena.
Utilizan este negocio como una mampara con el objetivo de generar nuevos recursos o bien, legitimar aquellos adquiridos de manera ilegal.
Para Cartín, la denominación es “estructura paralela” para aumentar ganancias.
Este negocio es tan lucrativo, que la semana pasada se realizó un allanamiento en Guápiles donde se decomisaron 35 millones de colones acumulados durante una sola tarde.
“Una de las cosas más importantes en relación con ese tema es que sabemos que los riesgos de azar tienen su riesgo asociado y se puede ganar o perder y tenemos evidencia donde algunos grupos narcos en la zona han establecido cuánto es la inversión que se debe pagar y están ordenando a algunos locales que están con personas actuando al margen de la ley, que no se puede permitir el pago de la inversión por más de 80 veces lo cual es alarmante porque ya se comete delito con tiempos clandestinos, pero las organizaciones criminales ven lucrar con esta situación y hemos registrado casos donde se solicita tributo por organizaciones criminales por desarrollar estas actividades que son ilícitas”, explicó Mena.
Producto de estos operativos, se confirmó la detención de 34 personas: 10 mujeres y 24 hombres.
Lograron decomisaron indicios como celulares, grabadoras de circuitos cerrados de televisión, computadoras y hasta armas de fuego.
OBSERVE MÁS: OIJ detiene a 34 personas en Guápiles por negocio de lotería clandestina y posible vínculo con lavado de dinero
Cambios sin propuestas
Para el Fiscal Adjunto de Pococí, es necesaria una reforma a la Ley de Loterías y Rifas dado que está por cumplir 72 años de vigencia sin actualizaciones.
Por ejemplo, eso implica que las sanciones sean de unos 10.000 colones, según especificó.
A su criterio, se debe de regular de una manera más concreta posible y no estar sujeta a otros tipos penales como la estafa.
“Sería interesante poder establecer una fórmula en la cual la conducta prohibida y la consecuencia jurídica que es la sanción como tal, pudiesen quedar establecidos en una norma penal especial y no remitirlo como lo tenemos ahora al delito de estafa”, consideró.
Además, en caso de determinar que este tipo de actividades están ligadas a otros delitos como grupos de criminalidad organizada, concretar otras sanciones más elevadas.
Esto se suma a que los diputados archivaron el proyecto 21.632 que pretendía sancionar la venta ilegal de loterías. La acción se realizó porque venció su plazo cuatrienal y no se aprobó ninguna moción para ampliar por cuatro años más su estudio en la Asamblea Legislativa.
El plan se presentó el 02 de octubre de 2019 por parte de la entonces oficialista Carolina Hidalgo y del liberacionista Gustavo Viales, en compañía de Esmeralda Britton, presidenta ejecutiva de la JPS.
La iniciativa implicaba multas de entre 10 y 15 salarios base para quienes realizaran “una transacción, mediando o no pago por parte del consumidor final, de lotería o juegos de azar ilegales en cualquiera de sus formas”.
Además, prisión de seis meses a cuatro años a quien vendiera lotería clandestina, sanción que aumentaba de cuatro a ocho años a quien financiara este negocio ilícito.
Con el archivo de este proyecto de ley, no quedó ninguna propuesta legislativa para actualizar la legislación vigente.
En el 2022, Evelyn Blanco, gerente de operaciones de la JPS, indicó que el mercado ilegal representó ¢291.000 millones y el 47% del mercado.
Mena resaltó que este negocio ilegal afecta a más de 400 programas de bien social que se benefician con las ventas de lotería legal.
OBSERVE MÁS: Presentan nuevo proyecto para prohibir lotería ilegal con sanciones y cárcel por hasta 10 años
El proyecto sobre lotería ilegal se presentó en 2019, pero fue archivado en octubre pasado. (Foto: Paula Ruiz/ El Observador).
