Hermes Solano
Los diputados de la Comisión de Modernización y Reforma del Estado aprobaron este jueves un texto sustituto del expediente 23.213: Fortalecimiento de las competencias del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), y además, lo dictaminaron de manera positiva.
Esta iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo y pretende una reforma administrativa para que el MINAE “tenga una mejor gobernanza de las áreas temáticas a través de una línea vertical de mando más directa, por medio de Directores Generales que respondan al jerarca”.
Con la decisión de los legisladores, ahora el proyecto pasará al Plenario para que entre a la agenda del día, se discuta y luego se vote.
La diputada oficialista, Pilar Cisneros, defendió la importancia del proyecto, que mejorará la parte administrativa del ministerio, sin afectar el tema técnico en los órganos.
“Tuvimos muchas audiencias presenciales y 39 consultas a las instituciones más variadas y de mayor peso en el tema ambiental del país. Es una reestructuración de tipo administrativo, no técnico”, indicó Cisneros.
El objetivo es evitar que la responsabilidad y toma de decisiones se diluya en órganos desconcentrados, órganos de mando medio y de nivel regional, que además incrementan el tránsito de trámites y de decisiones.
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Eli Feinzaig es el presidente de la Comisión de Reforma del Estado.
En contra
El MINAE posee 11 órganos desconcentrados que son: el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (Setena), los Consejos Regionales Ambientales, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) y la Comisión para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón (Concurre).
También la Junta Directiva Parque Nacional Marino Ballena, la Junta Directiva del Parque Nacional Isla San Lucas, la Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio, el Parque Marino del Pacífico y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo).
La diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, votó en contra del proyecto y señaló que el proyecto amenaza la democracia y concentra mucho poder en el jerarca del ministerio.
Aseguró que en este expediente se toman decisiones fuertes en legislación ambiental con acelerados pasos hacia atrás. Además, denunció que una amplia variedad de organizaciones se pronunciaron en contra de este expediente.
“Este proyecto es una amenaza a la democracia”, mencionó.
“El proyecto es contrario al principio de participación pública en material ambiental”, añadió la legisladora.
