Paula Ruiz
La consulta facultativa a la Sala Constitucional sobre el proyecto de ley 20.861 sobre tope a las tasas de interés se mantiene, pese al retiro de las firmas de los diputados del Partido Integración Nacional (PIN) Patricia Villegas y Wálter Muñoz.
La consulta inicialmente fue firmada por 11 legisladores, teniendo como requisito un mínimo de 10. Sin embargo ante el retiro de ambos congresistas, se incorporó la del socialcristiano Óscar Cascante.
Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, declaró que Cascante se adhirió a la consulta después de las 2:00 p.m., por tanto dio pie a admitir la consulta para su estudio.
“Esto significa que una vez recibidos los expedientes tiene un mes calendario para dictar la opinión consultiva”, explicó.
OBSERVE MÁS: 11 diputados envían consulta a la Sala Constitucional sobre proyecto de tasas de interés
¿Por qué se fueron?
Villegas, quien precisamente asume la jefatura de la fracción, indicó que pese a su voto positivo en primer debate, consideró hacer la consulta para blindar la propuesta.
“Sin embargo al percatarnos que la consulta iba a impedir la entrada en vigencia y el mismo texto podía interpretarse como un ataque a la ley decidimos no continuar con el proceso constitucional de consulta”, dijo.
La legisladora indicó que debido a la situación país, en las próximas semanas grupos de ciudadanos tendrán que recurrir a préstamos para levantar sus negocios y por eso, necesitan un “financiamiento justo”.
El proyecto 20.861 define topes de 39% para créditos y 55% para microcréditos. En la consulta emitida a los magistrados, los firmantes solicitan revisar si el máximo debería fijarse en 45% para créditos y 61% a microcréditos.
OBSERVE MÁS: Diputados buscan resguardar proyecto de tope a tasas de interés con consulta constitucional
Consulta a derecho
La figura de la consulta de constitucionalidad se utiliza en Costa Rica desde 1989, cuando fue creada la Sala Constitucional.
Su presentación se hace contra proyectos que ya fueron aprobados en primer debate y requiere de al menos 10 firmas de diputados, quienes además deben exponer los motivos por los que cuestionan las leyes.
Si el proceso es admitido, los magistrados revisarán el expediente legislativo y procederán a emitir su opinión, la cual es vinculante en cuanto a temas de procedimiento pero no de fondo.
El abogado constitucionalista Fabián Volio explicó que el precedente que marca una sentencia que cuestione las iniciativas de ley, marca el terreno para futuros pronunciamientos.
“Si la Sala Constitucional ya dijo que un proyecto de ley es contrario a la Constitución antes de que sea aprobado y luego se vota, ya la Sala externó su opinión y cuando una persona ataque esa ley ya publicada ya se sabe cuál va a ser el resultado: la Sala la anularará”, indicó el especialista.
En la misma línea se pronunció el exmagistrado Ernesto Jinesta, para quien las consultas de este tipo son “un medio completamente legítimo que pueden usar los legisladores”.
De acuerdo con el jurista, la Asamblea Legislativa siempre ha respetado las posturas de la Sala, que se emiten a manera de recomendación y no de sentencia.
Jinesta recordó que el control de constitucionalidad se puede hacer de manera posterior, pero también de manera previa, lo que conlleva una serie de ventajas entre las que destacó:
- agilidad: se resuelven en 30 días, a diferencia de una acción de inconstitucionalidad que puede tardar hasta 4 años
- seguridad jurídica: permite dictaminar desde antes de que la ley entre en rigor.
- prevención: evita futuros conflictos por la aplicación de leyes que terminen anulándose.
- preservación: previene alteraciones en la normalidad social, económica y cultural mediante leyes que irrespetaran la Carta Magna.
“Aunque la ley dice que no es vinculante, sí produce el efecto de dejar cuestionada la validez de antemano”, agregó.
Los diputados aprobaron el proyecto que pone tope a las tasas de interés el lunes anterior y tenían previsto darle segundo debate este jueves.
Este plan ha sido polémico pues el Banco Central de Costa Rica, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) han advertido en reiteradas ocasiones que su aprobación provocará la exclusión de una mayor cantidad de personas del sistema financiero formal.
OBSERVE MÁS: Diputados ignoran advertencias técnicas y aprueban topes a intereses de 39% y 55% para nuevos créditos
