Josué Alvarado
La Contraloría General de la República emitió un criterio sobre el proyecto Ley de control y regulación del cannabis para uso recreativo, que se tramita bajo el expediente N°.23.382.
El ente contralor únicamente se refirió al artículo 30 de dicho proyecto y advirtió que la redacción actual podría generar efectos adversos en términos administrativos.
Este artículo contempla la creación de un impuesto del 1% sobre la renta neta que se aplicará a las actividades autorizadas en el marco del cannabis recreativo.
El mismo artículo establece que lo recaudado a través de este nuevo impuesto se distribuirán de la siguiente manera:
- 10% para el Ministerio de Salud
- 10% para el Ministerio de Agricultura
- 10% para el Instituto Costarricense sobre Drogas
- 20% para el Seguro de Enfermedad y Maternidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCS)
- 20% para el Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos de la CCSS
- 30% para el Fondo de Desarrollo del Sistema de Banca para el Desarrollo
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“Alto grado de rigidez”
El ente contralo indicó que establecer estos destinos específicos para lo recaudado “imprime un alto grado de rigidez al presupuesto del Gobierno Central, en cuanto limita la discreción con la que este cuenta sobre los recursos que percibe”.
El criterio emitido este 28 de noviembre también señala que este tipo de destinos presupuestarios limitan “la capacidad de recortar, reducir, de reubicar y priorizar, en procura del uso eficiente de los fondos públicos”.
Por otro lado, la Contraloría señaló que se ha visto en otras ocasiones que estos destinos “varían, desaparecen o dejan de ser prioritarias con el transcurso del tiempo”, según el oficio N°.20.426 dirigido al Departamento de Comisiones Legislativas, en la Asamblea.
Proyecto presentado por el Poder Ejecutivo
El Poder Ejecutivo envió la iniciativa a la Asamblea Legislativa el pasado 6 de octubre. Posteriormente se le asignó un número de expediente y se envió a la Comisión de Ambiente para su debida discusión.
El plan busca legalizar este consumo aunque sería exclusivo para personas mayores de edad.
El proyecto permite la tenencia de hasta 30 gramos “de la planta o resina de cannabis sativa o marihuana para el consumo recreativo”.
Otra de las situaciones que llama la atención, es que se permitirá, sin tener licencia -que serán emitidas por el Gobierno- cultivar plantas de cannabis en propiedad privada, con un máximo de 6 plantas por casa de habitación.
Esto siempre y cuando “no tengan fines de comercialización o lucro”.
“Cualquier tenencia o cultivo con fines de comercialización o lucro requerirá de la licencia respectiva que se dispone en esta ley”, dice el artículo 10.
Además de los clubes sociales y las cafeterías, el Ministerio de Salud autorizará a los negocios dispensarios abiertos al público para que vendan cannabis, y sus derivados, para uso recreativo sea para uso comestible, bebible o fumado.
Salud regulará el otorgamiento de esas licencias, que serán de diferentes tipos, de acuerdo a la actividad que se quiere realizar.
Las licencias que se otorgarán serán para:
- Cultivo
- Producción
- Industrialización
- Industrias a pequeña escala y artesanales
- Venta al público, al por mayor y al detalle
- Clubes sociales
El Poder Ejecutivo sería el encargado de fijar los precios de estas licencias.
OIJ en contra
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) advirtió sobre lo que considera serían las las consecuencias negativas de aprobar el texto.
Los voceros indicaron que la legalización implicaría que los jóvenes interpreten que el consumo de drogas es bueno. Además, dijeron que esto traería mayor violencia al país.
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