Josué Alvarado
La Contraloría General de la República (CGR) tomará acciones legales contra la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).
La razón es que la CNFL mantiene un tope de 20 años para el pago de cesantía para sus trabajadores: algunos que ya estaban pensionados y otros que logren acumular esta cantidad de años laborados.
El ente contralor recuerda que el tope para la cesantía en el sector público, establecido por la Sala Constitucional, es de 12 años.
La Convención Colectiva de la CNFL todavía mantiene el cálculo para el pago de la cesantía en 20, pese a que desde hace cinco años se inició la discusión sobre la legalidad o no de una cesantía más alta que en otras instituciones.
“Dada la relevancia e impacto del tema la Contraloría General interpondrá la acción judicial correspondiente”, señaló la CGR en su informe DFOE-SOS-IF-00012-2022.
La contraloría reclama a la CNFL que durante los últimos años no ha actuado para cambiar este artículo de la Convención Colectiva y el gasto provoca que, un año más, la compañía reporte pérdidas.
Se disparan los gastos
La CGR no solo señala el roce legal en el que podría estar incurriendo la CNFL.
Mantener esta cesantía es una de las causas por las que la CNFL reporta de nuevo pérdidas netas al cierre de un año, en este caso el 2021.
La categoría de gastos “provisión por prestaciones legales” pasó de ¢802 millones en 2020 a ¢8.152 millones en 2021 debido a que la CNFL decidió reconocer este derecho a trabajadores ya pensionados y otros.
“Este aumento en el total de gastos operativos, sumado a la caída de ingresos de la compañía en un 15% en relación con 2020, ocasionó que se tuviera una pérdida neta en 2021 de ¢12.195 millones”, señala el informe.
El ente contralor señala que se mantendrá vigilante de la situación financiera de la entifad “principalmente considerando que la compañía ha mantenido pérdidas en 4 de los últimos 5 años”.
Los resultados de esta auditoría se dieron a conocer el 12 de diciembre anterior a las autoridades de la CNFL, entre ellas la gerente general a.i., Laura Montero, a quien también se le giraron una serie de disposiciones para que enrute la institución hacia la sostenibilidad.
