Tomás Gómez
Tres años después de que el expresidente Luis Guillermo Solís saliera del poder, las dudas sobre el llamado “hueco fiscal” de ¢600.000 millones que dejó su Gobierno siguen a la orden del día.
En el caso del exmandatario, el ente contralor no encontró hechos irregulares que lo vinculen de manera directa para sustentar un eventual incumplimiento de sus deberes como Presidente de la República.
Fue en abril del 2020 cuando la misma Contraloría pidió repasar las actuaciones del expresidente Solís:
“Se instruye a la División Jurídica a instaurar un procedimiento administrativo por el que analice las posibles actuaciones y/u omisiones del señor Luis Guillermo Solís Rivera, respecto a las condiciones en las cuales se emitió el Presupuesto Ordinario de la República 2018 en cuanto al servicio de la deuda, el pago de amortizaciones sin contenido presupuestario, la emisión del Decreto Ejecutivo Nro. 40995-H, publicado el 6 de abril de 2018, en cuanto al servicio de la deuda, así como la omisión de presentación de un presupuesto extraordinario para el ejercicio 2018”, indicaba la orden suscrita por la entonces subcontralora Sylvia Solís.
La decisión hasta ahora se conoce.
“Los hechos, pruebas y normativa que sirvieron de fundamento para atender el recurso de apelación incoado en contra del acto final y señalar lo indicado en el Considerando VI de la resolución n° 5080 (DC-0106) (R-DC-32-2020) emitida por la señora ex Sub contralora General, no arrojan -por sí mismos- elementos de juicio necesarios y suficientes como para considerar que exista mérito, para la apertura de un procedimiento por responsabilidad administrativa en contra del señor Luis Guillermo Solís Rivera, en el ejercicio de su cargo de Presidente”, dice la resolución respectiva firmada por el gerente del departamento, Luis Diego Ramírez.
Ramírez destacó en su escrito que ese mismo día se estaba alertando a la Fiscalía sobre posibles irregularidades presupuestarias en el Gobierno de Solís.
Se trataba de una compra de títulos del Banco Crédito Agrícola de Cartago, que habría afectado la capacidad financiera del Estado.
El pronunciamiento completo se puede consultar a continuación:
En el proceso de investigación ya fueron sancionados:
- Helio Fallas, vicepresidente y ministro de Hacienda en el gobierno de Solís: tendrá que estar fuera de la administración pública por cuatro años
- Julio Espinoza, director de Crédito Público: se recomendó su despido y prohibición de trabajo en la Hacienda Pública por cuatro años
- Melvin Quirós, sucesor de Espinoza: se recomendó despido y prohibición de dos años en cargos públicos
- Martha Cubillo, exviceministra y Tesorera Nacional: recomendación de despido y prohibición de tres años en cargos públicos
Fiscalía busca pruebas
Tras las denuncias de Contraloría y sus investigaciones, la Fiscalía entró en conocimiento del “Hueco Fiscal”, al menos en lo referente a Bancrédito.
El caso se lleva en el expediente 20-115-1218-PE. En este sí es protagonista el expresidente Solís y junto a él se investiga a:
- Ex vicepresidente de la República y exministro de Hacienda Helio Fallas
- Exministro de la Presidencia y actual embajador Sergio Alfaro
- Extesorera Martha Cubillo
- Subtesorero Mauricio Arroyo
Esta es la causa que en marzo anterior motivó un allanamiento en el Ministerio de Hacienda y varias casas de habitación.
Sobre el avance de la investigación, Fiscalía dijo este martes que aún se está en etapa preparatoria. Esta consiste en recolección y análisis de pruebas, impidiendo dar más detalles por el momento.
“Debido a que el caso está en una fase que es privada, no es posible brindar más información, puesto que así lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal”, señaló.
