Hermes Solano
La Comisión de Hacendarios del Congreso sigue en la discusión del proyecto de aprobación del crédito por $700 millones suscrito por el Poder Ejecutivo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Este martes tuvo en audiencia a la Contraloría General de la República (CGR), que reiteró las observaciones hechas en agosto anterior, considerando que sigue habiendo deficiencias en la propuesta ya que no se ha aprobado un texto sustitutivo.
Uno de los aspectos más relevantes es que ante el anuncio de la participación de tres fuentes de financiamiento y que eso permite bajar la tasa de interés a pagar por el crédito, sigue siendo mucho más alto que el que otorgan otros organismos internacionales como el CAF o el Banco Interamericano.
“Una rebaja en el costo del crédito es positiva, pero sigue siendo superior al de otros organismos internacionales”, indicó el subcontralor Bernal Aragón.
Eso lo reiteró Yulisa Sáenz, funcionaria también de la CGR.
“Los cambios en las condiciones de financiamiento requieren detallarse en el anexo I para que pueda quedar formalizado. La tasa sigue estando por encima de los otros organismos internacionales”, indicó.
La tasa original del préstamo para atender la infraestructura afectada por emergencias naturales era del 8,87%, pero al integrar al Programa para la Reducción de la Pobreza y la Exclusión Económica y Social (PRPEES), y al banco de desarrollo alemán KFW, la tasa promedio quedaría en 7,65%.
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Más observaciones
El ente contralor hizo otros señalamientos que siguen generando preocupación de cara a la aprobación del crédito.
Algunas tienen que ver con el riesgo que existe en la capacidad de ejecución del programa, principalmente porque todo estaría endilgándose a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
“Mantenemos las observaciones relativas a la gobernanza del modelo de ejecución. Sugeríamos que el manual de operaciones pudiese estar listo antes del primer desembolso para poder dar seguridad de cuáles son las reglas que se estarían aplicando a la hora de aplicar el crédito”, indicó Sáenz.
También señalaron que el uso de los recursos debería hacerse a través de presupuestos extraordinarios que pasen por la Asamblea Legislativa y no vía decreto ejecutivo.
Eso lo piden “para asegurar mayor control y transparencia”.
La otra semana
Hacendarios debe dictaminar el proyecto a más tardar la próxima semana, que es la última semana de labores del 2023.
Por ello, deben presentarse las mociones para realizar los cambios respectivos en el texto y así “acabar” con las dudas que existen aún en algunos de los diputados.
La oficialista Pilar Cisneros señaló que envió dos mociones a varios legisladores para socializarlas; una que contiene la lista de 502 proyectos que se ejecutarían con los dineros del BCIE.
“En una (moción) está la lista de los 502 proyectos y se deja muy claro que cualquier cambio en cualquiera de estos proyectos tiene que pasar por esta comisión para ser aprobado aquí”, indicó la diputada.
También hay un cambio en la redacción en un artículo que habla sobre contratación administrativa.
Además, indicó que entre miércoles y jueves enviará dos mociones más, que tienen que ver con servicios públicos y los proyectos de vivienda.
La diputada Paulina Ramírez, presidenta del órgano legislativo le recordó a Cisneros que el ministerio de Hacienda se comprometió en enviar una adenda al proyecto, pero que hasta ahora no lo ha hecho.
