AFP
(La Haya). La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó este jueves los reclamos de Nicaragua en una disputa marítima contra Colombia. La nación centroamericana quería ampliar su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, en una zona rica en recursos naturales.
El fallo del máximo órgano judicial de las Naciones Unidas respondió a una demanda interpuesta por Nicaragua en el 2013.
El país centroamericano reclamó ante el tribunal delimitar su plataforma continental en el Caribe, al alegar derechos sobre el lecho y el subsuelo marinos más allá de las 200 millas náuticas establecidas por el derecho internacional.
Sin embargo esa extensión supone solaparse con la plataforma continental de Colombia en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Un fallo del CIJ de 2012 reafirmó la soberanía colombiana sobre esas islas, situadas a unos 110 kilómetros de la costa nicaragüense, al tiempo que otorgó a Managua una mayor extensión de sus zonas marítimas.
Recursos naturales y pesca
Nicaragua sostuvo que tanto el derecho consuetudinario como el artículo 76 de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar ofrecen una cobertura legal a su demanda.
Pero Colombia, que no ha ratificado dicha Convención, argumentó que Managua “no demostró científicamente que tiene una plataforma continental” que se extiende más allá de 200 millas.
Según un comunicado de la cancillería, el gobierno presidido por el izquierdista Gustavo Petro alegó además que dicha ampliación de la plataforma “no debería ser considerada como parte del derecho internacional consuetudinario”.
“En esta disputa están en juego zonas marítimas muy ricas en biodiversidad, recursos pesqueros, belleza paisajística. Pero también recursos naturales” como gas y petróleo, señaló a la AFP Nicolas Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica.
De vieja data
El litigio por este preciado espacio se remonta a 1928, cuando ambos países firmaron un tratado que reconocía la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés.
Managua, que desconoce la validez del acuerdo, presentó una primera demanda ante la CIJ en 2001, resuelta en 2012 cuando el tribunal le otorgó una área de aproximadamente 75.000 km2 en el mar Caribe, pero ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago.
De esa forma, el fallo dejó a esas islas colombianas rodeadas de aguas territoriales nicaragüenses, una situación que derivó en otra disputa por la presencia de navíos colombianos en la zona.
A raíz del dictamen de 2012, el gobierno colombiano se retiró del Pacto de Bogotá, un instrumento que precisamente reconoce la jurisdicción de la CIJ para este tipo de controversias.
En 2013, Nicaragua presentó otra demanda ante la CIJ para exigir que Colombia se abstuviera de violar los espacios marítimos.
Colombia contrademandó a su vez a Managua por afectar la vida de la población raizal que vive de la pesca artesanal en estos territorios.
La corte dictaminó en abril de 2022 que Colombia había violado “los derechos soberanos y jurisdiccionales” de Nicaragua.
