Paulo Villalobos
Este martes, el Poder Judicial avaló un incremento salarial de ¢4.000 para unos 12.500 funcionarios del Poder Judicial.
El aumento excluye a los altos jueces, así como a todos los trabajadores con remuneraciones brutas iguales o superiores a los ¢4 millones.
La decisión de la Corte Plena acoge un informe del incremento semestral expuesto por la directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta. El aumento semestral es retroactivo y rige desde el 1 de julio de 2019.
Asimismo se dispone un ajuste del punto por carrera profesional en ¢13.
La Dirección de Gestión Humana, en coordinación con las de Tecnología de la Información y Jurídica, deberán proceder a identificar y recuperar todas las sumas pagadas de más.
El motivo del incremento responde a un ajuste por el costo de vida, que se calculará para cada servidor judicial, según su ingreso a la institución.
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Respaldo unánime
La votación fue unánime. Se abstuvieron los magistrados de la Sala Constitucional, informó la oficina de prensa del Poder Judicial.
El acuerdo se apega al voto 19511-2018 de la Sala Constitucional. El fallo evacuó una consulta de los diputados sobre la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, antes de su aprobación en la Asamblea Legislativa.
Se determinó que la reforma tributaria no derogó ni modificó las disposiciones del Estatuto de Servicio Judicial, la Ley de Salarios ni la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Esas normas rigen la materia de empleo en ese poder de la República, por lo que se mantienen vigentes.
Recientemente los magistrados decidieron ignorar el capítulo de empleo público contenido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas, con lo que sostuvo el cálculo de sobresueldos de índole porcentual, en vez de nominal.
Debido a esa razón, el Ministerio de Hacienda excluyó ¢2.543 millones del proyecto de Presupuesto Nacional 2020, que estaban destinados a la Corte.
El mismo se utilizaría para financiar las unidades anticorrupción del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Con esa movida, la cartera presiona al Poder Judicial a reorganizar sus fondos para contar con las oficinas que requería.
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Paulo Villalobos
