Paula Ruiz
La Corte Plena se pronunció por tercera ocasión sobre el proyecto de Ley de Protección de Datos, impulsado por el diputado Eli Feinzaig y la bancada del Partido Liberal Progresista (PLP).
La iniciativa se analiza mediante el número de expediente 23.097 en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Ahí se realizaron modificaciones al texto y por tanto, volvieron a consultar a este órgano del Poder Judicial.
La magistrada Iris Rocío Rojas se encargó de brindar un informe ante la Corte y recordó que esta es la tercera vez que se pronuncian sobre este documento.
La primera ocasión sucedió en agosto de 2022 y la segunda en noviembre de ese mismo año, según expuso.
Ahora, la conclusión no cambió y se acogió el informe donde se destacara que el plan afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial.
Nuevas funciones
La justificación se basa en que se deberá contratar por lo menos a una persona para encargarse de funciones específicas contenidas en la ley que se pretende.
Rojas destacó que aunque si bien, en este último texto se eliminó la obligatoriedad para el puesto de Oficial de Protección de Datos, la afectación persiste. En caso de no asignarse, sus funciones deberán encargarse o recargarse a algún otro funcionario.
Según el informe, este punto tendrá un impacto financiero al requerirse un presupuesto adicional para una contratación o para el reacomodo respectivo.
También implicará una afectación en el Departamento de donde se tomó la persona para ejercer estas nuevas funciones.
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Así mismo, advierte que en caso de incumplimiento de la ley, se estaría ante un pago por responsabilidad patrimonial, según se establece en la iniciativa.
En el informe a cargo de Rojas, se destaca que el proyecto es importante y novedoso en un país de derecho y civilizado, sin embargo su implementación implicaría destinar recursos.
La magistrada recordó que con anterioridad, la Corte emitió un acuerdo donde toda iniciativa de ley con impacto financiero para el Poder Judicial, debe estar acompañado de un informe de presupuesto.
La propuesta
El plan original cuenta con 83 artículos y seis transitorios que han sufrido algunas variaciones durante su proceso de análisis, sin modificar el fondo de la propuesta.
La magistrada Rojas destacó que el plan establece un derecho a la indemnización al cumplirse cuatro años de prescripción por algún caso en el que se se podrán reclamar daños por la violación a los datos personales.
Además, prohíbe el tratamiento de datos personales sensibles que revelen aspectos como:
- Origen étnico o racial
- Opiniones políticas
- Convicciones religiosas o filosóficas
- Afiliación sindical
- Tratamiento de datos genéticos
- Orientación sexual
- Otros
El plan establece las reglas para el tratamiento de estos datos, tanto en instituciones públicas como empresas privadas.
La iniciativa indica que el tratamiento de datos en el sector público “merece una especial atención” si se toma en cuenta que en los últimos años se ha revelado lo sucedido con la UPAD, las pruebas FARO y el hackeo a entidades públicas.
“Estas circunstancias evidencian la necesidad de poner límites y exigencias claras al uso y transferencia de datos en el sector público, especialmente cuando se invoca la necesidad de utilizar los datos para el ejercicio de potestades públicas ó la prestación de servicios públicos”, señala el texto.
“Este proyecto introduce reglas y protocolos claros al respecto para que el uso de datos en el sector público sea transparente, seguro y respetuoso de los derechos fundamentales de la ciudadanía”, continúa.
Además, establece modificaciones en la Agencia de Protección de Datos Personales, como órgano de desconcentración máxima, que se relacione con el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Se busca que tenga competencias para sancionar, primeramente, con una advertencia a quien infrinja con la legislación pretendida.
“Esta Ley de Protección de Datos Personales marca un nuevo paradigma en materia de protección de datos personales no sólo en Costa Rica, sino en América Latina, siendo sin duda una de las normas más avanzadas y completas de la Región”, afirma el documento.
El análisis de este proyecto continuará en la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde se remitió con urgencia, la decisión de la Corte.
El plan es impulsado por el PLP. (Cortesía Asamblea Legislativa)
