Educación

“Crea incertidumbre”: padres de familia del Conservatorio Castella insisten en ilegalidad de venta del teatro

Grupo sostiene que existen procesos judiciales abiertos que deben frenar venta del inmueble.

Por Allan Arroyo

Tiempo de Lectura: 3 minutos
“Crea incertidumbre”: padres de familia del Conservatorio Castella insisten en ilegalidad de venta del teatro
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Un grupo de padres de familia, ex alumnos y otras personas cercanas al Conservatorio Castella mantienen este lunes las protestas pacíficas en contra de la venta del Teatro Arnoldo Herrera, ubicado en La Sabana.

El sábado se conoció la transacción del inmueble realizada por la Fundación Castella, un ente privado encabezado por el abogado, actor y ex alumno del Castella, Gustavo Rojas.

De acuerdo con la información disponible en el Registro Nacional, la transacción tuvo lugar el pasado 28 de febrero y la Fundación la inscribió el viernes 1 de marzo. Extraoficialmente se sabe que el monto del trato supera los $3 millones.

En un comunicado, el Ministerio de Educación Pública (MEP) indicó que la Fundación Conservatorio de Castella, de carácter privado, les informó de la venta del teatro el jueves 29 de febrero, sin que mediara algún trámite formal.

Por ello, abrieron una investigación que les permitiría determinar acciones que eviten una afectación del servicio educativo público.

Protesta en La Sabana este lunes. (Cortesía)

OBSERVE MÁS: MEP abre investigación tras venta del teatro del Conservatorio Castella por parte de fundación

“Es público”

El Grupo Resiliencia de Padres de Familia emitió un comunicado de prensa en el que cuestiona a la fundación y defiende el carácter público de las instalaciones y el centro educativo.

En primera instancia, argumentan la poca cercanía del ente privado con el centro educativo. “Después de más de 20 años de estar desaparecida de la institución y de no aportar dinero para el mejoramiento o funcionamiento del Conservatorio Castella”, dice el grupo.

Los padres de familia recuerdan que desde el 2022, “la Fundación Castella (privada) pidió al Registro Público inscribir las propiedades a nombre de Fundación Conservatorio de Castella y así quedaron inscritas”, sin embargo, alegan que “ese acto fue impugnado y está actualmente en disputa la legalidad de la inscripción de las tierras”.

Además, ante la declaratoria de ente público que hizo el MEP, la fundación acudió a la Sala Constitucional en contra del decreto ejecutivo, y, recuerda el grupo Resiliencia, ese reclamo fue descartado en noviembre pasado.

“El carácter público del Castella goza de cosa juzgada formal, es decir ya no es discutible ante Tribunales, de hecho hay un decreto que así lo ratifica”, defienden los padres de familia.

Teatro Arnoldo Herrera, ubicado en La Sabana. (Foto tomada de redes sociales)

En lucha

El Conservatorio Castella, cuya sede central está en Barreal de Heredia, tiene cerca de 1.100 estudiantes, quienes reciben la educación académica en las mañanas y la artística en las tardes. Entre las especialidades están: danza, teatro, artes plásticas, música, entre otras.

La educación es gratuita, alegan los defensores, al ser respaldada por el MEP, inclusive con servicios de transporte y merienda a los alumnos.

“Desde su creación, en 1953, el Conservatorio Castella ha sido una institución pública, donde los padres han pagado únicamente el transporte, en caso de ser requerido. Los profesores son pagados por el MEP, así como la construcción de las instalaciones se realizó con fondos públicos”, dice el comunicado del grupo de padres.

Lo que pasa con los terrenos crea incertidumbre en el estudiantado, docentes y familias.

“No podemos bajar los brazos ante los litigios pendientes por los terrenos y la lucha que durante décadas se ha llevado para defender al Conservatorio Castella, permitir esta venta es abrir las puertas para que el Teatro Arnoldo Herrera y las instalaciones en el Barreal de Heredia pasen a manos privadas y los bienes de todos los costarricenses sean vendidos a terceros”, agregan.

Las familias de los estudiantes alegan que durante el tiempo en disputa, el MEP no ha podido realizar las mejoras que el centro educativo necesita con urgencia y que ese trabajo recae en los padres y madres, en respaldo a la institución y junta directiva.