Paula Ruiz
Las bancadas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP), Nueva República y Progreso Social Democrático (PPSD) enterraron el proyecto de ley que pretendía eliminar la discriminación de género mediante el impuesto rosa.
Este martes, el Plenario votó una moción para intentar salvar este plan (expediente 21.171) dado que este 06 de diciembre vence su plazo cuatrienal.
Sin embargo, obtuvo 20 votos a favor y 23 en contra, razón por la cual la iniciativa queda archivada.
La diputada Daniela Rojas, jefa de fracción del PUSC defendió la posición de su bancada.
“La Comisión para Promover la Competencia del MEIC, dio criterios señalando varias inconsistencias en el proyecto, y de avanzar la Ley podría ser inaplicable”, respondió.
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) emitió un criterio en 2019 donde expuso su oposición a la iniciativa.
Según el MEIC, la diferencia de precios en bienes y servicios no es discriminatoria, sino que más bien corresponde a la lógica del mercado.
Este Ministerio aseguró en ese momento que una práctica discriminatoria estaría mediada por la falta de acceso a bienes y servicios. Por tanto, las mujeres tienen la opción de consumir o no un artículo o servicio.
En contraparte, el informe AL-DEST-IJU-081-2019 del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, consideró que “crear una nueva legislación que venta en protección de derechos de las mujeres en el ámbito comercial, es a todas luces apropiado y conteste con nuestro marco jurídico”.
Aunque, destacó que la incorporación de una legislación en esta línea “es una decisión de conveniencia y oportunidad”.
¿Qué pretendía el plan?
El proyecto se presentó el 6 de diciembre de 2018 por parte de cinco diputados de esa legislatura quienes pretendían que no hubiera distinción de precio cuando un producto es para una mujer o un hombre.
Cuando se presentó esta iniciativa de ley, la entonces ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora resaltó que habían hecho estudios donde se determinó que la diferencia de precios entre productos para hoy y mujer llegó a ser de hasta ¢5.000.
De esta manera, el plan busca introducir un inciso F) al artículo 36 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor para que establezca prohibir:
f) La venta de cualesquiera dos productos de consumo del mismo fabricante o servicios de consumo, que sean sustancialmente similares si dichos productos o servicios tienen un precio diferente en función del género de las personas para quienes los productos o servicios son destinados o comercializados.
Al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta sobre las motivaciones del PLP y el oficialismo para votar en contra de esta extensión de plazo cuatrienal.
