Paula Ruiz
La Curia Metropolitana insistió este jueves en tomar distancia del exsacerdote Mauricio Víquez, quien ingresó al país luego de ser extraditado desde México.
A través de un comunicado, la Curia recordó que desde el 2018 no tiene contacto con Víquez, quien fue acusado por supuestos delitos sexuales en perjuicio de menores de edad.
“La Curia Metropolitana, manifiesta haber llevado a cabo con apego a la normativa, todo lo correspondiente al proceso canónico ya finalizado”, dijo.
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“En adelante toca a la autoridad civil, actuar conforme a las exigencias de la justicia. La Arquidiócesis de San José -como lo ha indicado previamente- desde el 13 de diciembre de 2018 no tiene contacto con el imputado ni sus representantes”, agregó la institución.
Eso sí, se puso a las órdenes de las autoridades judiciales para colaborar en lo que sea necesario.
Llegó a Costa Rica
Víquez fue detenido hace 20 meses en la ciudad mexicana de Monterrey, pero, fue hasta este jueves cuando llegó a suelo costarricense.
Pasado el medio día ingresó al aeropuerto Juan Santamaría. Una vez aue culminó su trámite migratorio, se procedió con su traslado a celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), informó el Ministerio Público.
Ahí será reseñado, proceso que consiste en la toma de datos previos y de identificación.
Luego será puesto a las órdenes de la Fiscalía, donde se procederá a tomarle la declaración indagatoria y, posteriormente, se definirá la posible solicitud de medidas cautelares.
Iglesia sin actuar
Las primeras quejas contra Víquez datan del 2003 pero el proceso ante la Iglesia Católica no escaló a denuncias.
Los “hechos irregulares” alegados entonces se convirtieron en denuncias y fue hasta el 2018 cuando las escalaron en la instancia eclesiástica. Ese fue el detonante para una ola de alegatos contra el exsacerdote, a quien la Iglesia tenía destacado como vocero para temas de familia.
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Sólo una de las denuncias canónicas llegó a la vía judicial. Se trata de una aparente violación, por la que Víquez se dio a la fuga por ocho meses; al procurar el vencimiento de una pesquisa abierta el 2 de octubre de 2019.
Dos de las víctimas de presuntos abusos del expadre, impulsaron un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que se aprobó en ese mismo año.
La iniciativa “derecho al tiempo” se convirtió en Ley de la República y ahora, este tipo de denuncias prescriben 25 años después de que una persona abusada siendo menor de edad, cumpla 18 años.
Es decir, la víctima tiene hasta sus 43 años de edad para presentar las denuncias respectivas.
En febrero de 2019 el Vaticano expulsó a Víquez del clero, tras acumular nueve denuncias de abuso sexual.
