Tomás Gómez
El estado de emergencia decretado tras los ciberataques de las últimas semanas quedó oficializado este miércoles con la respectiva publicación en La Gaceta.
Mediante el decreto Nº 43542-MP-MICITT, se extendió la declaratoria para el sector público.
En la normativa destacan las siguientes disposiciones:
- Se traslada a la Presidencia de la República el control del “planteamiento, dirección y coordinación” de la atención de la situación
- El Fondo Nacional de Emergencias podrá recibir recursos de las instituciones públicas, municipalidades y sector privado para atender el escenario
- La declaratoria se mantendrá según la normativa al respecto y cuando los criterios de la Comisión Nacional de Emergencias respalden la cesación de la afectación.
El presidente Rodrigo Chaves había adelantado -desde antes de asumir el cargo- que el decreto se había preparado para atender la crisis heredada y se firmó el domingo, tras la Toma de Posesión.
Según indica el documento, las principales preocupaciones se ven en el Ministerio de Hacienda.
“Ante la situación del ciberataque, el cual es sin precedentes en el país, de avanzada tecnología y una invasión a la seguridad nacional, se causaron alteraciones intensas en el normal funcionamiento de los sistemas informáticos de recaudación.
“(También en la) trazabilidad y atención de las personas física y jurídicas contribuyentes, generando pérdidas, daños y riesgos mayores futuros para los bienes de la colectividad que son la hacienda pública, así como para el derecho fundamental a la privacidad de las personas”, señala el texto.
Casi un mes de hackeos
Las primeras alertas de actividad sospechosa se presentaron en el Ministerio de Hacienda el domingo 17 de abril. No fue hasta al día siguiente, que tocaba declarar impuestos, cuando trascendió la afectación.
El Gobierno anterior comenzó dando largas hasta aceptar que había sido hackeado y partir de ahí se ha dado una seguidilla de afectaciones en entes como:
- Ministerio de Hacienda
- Ministerio de Trabajo
- Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf)
- Instituto Meteorológico Nacional (IMN)
- Radiográfica Costarricense (Racsa)
- Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA)
- Instituto de Desarrollo Rural (Inder)
- Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec)
- Fábrica Nacional de Licores (Fanal)
- Municipalidad de Santa Bárbara, Buenos Aires, Garabito y Alajuelita
El grupo ruso Conti se adjudicó el ataque y llegó a pedir una recompensa de $10 millones.
Diversos sectores productivos habían pedido la declaratoria de emergencia ante fuertes afectaciones en áreas como las aduanas (El Observador)
