Tomás Gómez
En la protección que le brinda la ley a los menores de edad que enfrentan problemas con la justicia está también la trampa, para que cada vez más la delincuencia esté captándolos y haciéndolos protagonistas de los hechos de violencia.
Procesos más rápidos, penas menores, sanciones alternativas y un tratamiento más integral figuran en el menú de opciones de las que luego se intentan valer los delincuentes.
La tendencia ya ha sido advertida por las autoridades de seguridad y ahora también por las judiciales.
Desde ahí apuntan a una cifra contundente: más del 95% de los delitos que cometen los menores de edad están vinculados con el tema de drogas.
35 años de responder como responsables
Que los menores de edad tengan que responder ante la ley no es algo tan viejo.
Antes, simplemente se les consideraba una extensión de sus padres y, como tal, la sanción, en caso de delitos, quedaba en un internamiento general.
Para 1989, sin embargo, se generó la Convención de los Derechos del Niño, que pasó a reconocerlos como sujetos de derechos y también de obligaciones.
Para su procesamiento se han generado tres grupos de edades, de manera que se les de un tratamiento diferenciado:
- Menores del 12 años: se consideran inimputables; como tal, no pueden ser juzgados.
- De 12 a 15 años: la privación de libertad (en estos casos se llama “internamiento”) llega a un máximo de 10 años. En el proceso pueden estar los padres.
- De 15 a menos de 18 años: los internamientos suben a 15 años. Además, ya ahí dependerá del menor si quiere que sus padres lo puedan acompañar.
A pesar de las recomendaciones internacionales de juzgar a los menores de edad a partir de los 14 o 15 años, Costa Rica mantiene la edad en 12 años (Archivo)
Más rápido y con más opciones
Al analizar los procesos de la materia penal juvenil, un punto clave inicial es que los plazos son mucho más apremiantes.
En estos casos la medida equivalente a la prisión preventiva puede ser de tres meses, solo prorrogable por otro plazo igual. Así, la justicia queda presionada a completar el proceso y hacer el juicio en menos de seis meses.
Mientras en los procesos para adultos el trámite puede medirse en años, acá la dinámica es distinta.
De esto se valen también también los delincuentes, pues con esta celeridad la prueba queda valorada e incluso la presión pública puede bajar al haber un condenado.
De esta manera se beneficia de todo esto los adultos que también estén involucrados y que, posteriormente, podrían enfrentar su propio juicio.
Otro detalle es que la justicia juvenil mantiene el enfoque de la readaptación social, por lo que deja el encierro como última opción.
Antes de ello, aparecían posibilidades como las amonestaciones, el servicio a la comunidad u otras medidas relacionadas con el estudio.
El Centro Zurquí, en Heredia, es la única instalación del país donde se lleva a los menores de edad en conflicto con la ley. En muchos casos se trata de personas que incumplieron otras medidas menos gravosas (Presidencia)
¿Y los papás?
Otra de las características clave de los procesos de los menores es que no cuentan con acción civil resarcitoria. Esta es la figura con la que se cobra a los adultos las afectaciones de un posible delito.
En este caso se abre el escenario para dos posibilidades.
Una es que se aplique una sanción simbólica o reparadora, en la que el joven tiene que hacer frente.
La otra es reclamar a los padres, que de todos modos mantienen una cuota de responsabilidad según el Código Procesal Civil.
Para este segundo caso, sin embargo, debe plantearse un juicio aparte, totalmente separado del proceso penal donde está el menor de edad.
¿Cuáles delitos cometen los menores?
Sobre la participación de los jóvenes en las acciones irregulares, las estadísticas judiciales muestran una lista variada.
Antes se mencionó que la enorme mayoría tienen el antecedente de las drogas, pero las conductas son múltiples.
Los delitos contra la propiedad encabezan la lista. Ahí figuran los robos, hurtos y hasta el secuestro extorsivo.
Luego aparecen los delitos contra la vida -homicidios simples y agravados, así como las agresiones y lesiones. Muy aparejados están los delitos sexuales -incluyen abusos, violaciones o pornografía-.
También se registran casos de delitos contra la administración de justicia o la intimidad; así como infracciones a leyes especiales como la de Armas, la de Violencia contra la Mujer o las normas de protección de los adultos mayores.
