Tomás Gómez
En su tercer día, el Caso Cochinilla divide sus operaciones entre dos escenarios: por un lado avanza la audiencia en el Poder Judicial. Y por otro, el OIJ aún desarrolla 5 de los 57 allanamientos, que comenzaron el lunes pasado muy temprano.
El caso judicial se está desarrollando en el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública.
Ante este tribunal, la Fiscalía está presentado los cargos de los 30 detenidos y pidiendo las respectivas medidas cautelares.
La audiencia arrancó el martes pasada la 1 p.m. y se suspendió a las 9 p.m.. Para este miércoles, la sesión arrancó a las 9 a.m.
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Dada la cantidad de personas participantes se están usando en simultáneo 5 salas del II Circuito Judicial, en Goicoechea.
La cita no tiene hora o día de finalización y, mientras tanto, los implicados siguen durmiendo en celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Según la Fiscalía, se facilitarán más detalles hasta que el proceso finalice.
La audicencia del Caso Cochinilla se desarrolla en el II Circuito Judicial, en Guadalupe (Archivo)
Allanamientos no han terminado
Mientras avanza el proceso judicial, la Fiscalía confirmó que al medio día de este miércoles los allanamientos no han terminado.
Las pesquisas siguen activas en:
- Dos oficinas de Conavi
- Ministerio de Obras Públicas y Transportes
- Empresas constructoras
En ellos, se sigue recabando material como información contable y dispositivos electrónicos como computadoras, celulares y tabletas.
El Conavi ordenó sus propias investigaciones del Caso Cochinilla mientras avanzan las gestiones judiciales (Kryssia Morris/El Observador)
¿Cómo operaba la red?
Cerca de ¢78.000 millones se malversaron entre el 2018, 2019 y primer trimestre del 2020 por la red de corrupción que fue desmantelada el lunes, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Según explicó Wálter Espinoza, director de la policía judicial, se malversaron fondos que se dirigían a alimentar “de manera irregular proyectos de obra pública tomando dinero de otras partidas”.
¿Cómo operaba esta “red criminal” así catalogada por las autoridades judiciales? Espinoza explicó que la primera hipótesis de trabajo fue que se entregaban coimas (pagos indebidos) a funcionarios a cambio de ventajas para ciertas empresas.
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Entonces, lo que se presume es que movían dineros de otros programas para estos proyectos en los cuáles algunos funcionarios obtenías ventajas personales.
Ahí es donde señalan que en el período de investigación que comprende 2018, 2019 y primer trimestre del 2020 “generan un desbalance de aproximadamente ¢78.000 millones”.
Espinoza dijo que se identificó un uso irregular de fondos públicos por parte de funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y además se involucró personal de otras instituciones.
