Paula Ruiz
El diputado Gilberto Campos del Partido Liberal Progresista (PLP), cuestionó la disminución de casi 30% para la partida de monitoreo electrónico de presos en el Presupuesto Ordinario del 2024 del Ministerio de Justicia y Paz.
Según datos manejados por este despacho, en 2023 se presupuestaron ¢5.085 millones, mientras que para el próximo año se tienen contemplados ¢3.630 millones para esta partida.
A este se sumó Jonathan Acuña, legislador del Frente Amplio, quien cuestionó a Gerald Campos, ministro de Justicia durante la defensa del presupuesto para el siguiente año, en la Comisión de Asuntos Hacendarios donde se analiza este tema.
El ministro defendió que la disminución tiene que ver con una reducción en los costos del monitoreo mediante tobilleras tras la adjudicación realizada a Radiográfica Costarricense (Racsa).
“Cuando vinimos el año pasado estábamos con contrato con una empresa con monto ya estipulado, no se había adjudicado el nuevo contrato, se pagaban casi $12 diarios por dispositivo, adjudicamos a $5.99”, defendió el ministro.
El titular de Justicia destacó que hay unas 1.850 personas que tienen tobillera y para el 2024, se estima una cantidad similar. Recordó que presentaron un proyecto de ley para permitir el monitoreo electrónico solo a personas que cometieron delitos menores y que no afectan a la sociedad.
“Con eso, vamos a liberar un poco el sistema penitenciario y vamos a tener dentro del sistema, a aquellas personas que han quebrantado la ley en acciones violentas”, destacó Campos.
Gilberto Campos, diputado del Liberal Progresista, cuestionó que pese a una disminución en presupuesto para tobilleras, se pretenden liberar 1.000 reos. (Cortesía Asamblea Legislativa).
Liberación de reos
Sumado a lo anterior, el diputado liberal cuestionó la liberación de 1.000 reos según se establece en un documento del Instituto Nacional de Criminología.
“Cómo va el Gobierno a cambiarle las medidas privativas de libertad a más de 1.000 privados de libertad cuando el presupuesto para monitorear tobilleras electrónicas cae casi un 30% y cuando el Instituto Nacional de Criminología no tiene a criminólogos haciendo análisis técnicos sobre la conveniencia o no de trasladar de régimen a estas personas. Hay un riesgo enorme para el país”, adelantó el congresista del PLP.
Con base en la circular, el diputado aseguró que se indica que debe de haber un análisis previo para valorar si las personas califican bajo ciertos requisitos, entre ellos, estar a cuatro años de cumplir su condena.
Sumado a esas dos circunstancias, para Campos el aumento en Seguridad Pública no es suficiente para que Fuerza Pública pueda hacer investigación y contener las mafias criminales del país.
El ministro de Justicia, confirmó las liberaciones, pero negó que sean masivas.
“Quiero garantizarle a la ciudadanía que no estamos liberando masivamente, sino que los procesos de cambio de medidas siguen todo un procedimiento y protocolo”, manifestó el jerarca de Justicia.
El ministro defendió que tras conversar con autoridades del Instituto Nacional de Criminología, se trabaja para que cada egreso carcelario antes de tiempo, cumpla con el sistema de evaluación “para garantizar a Costa Rica de que la persona que va a salir del centro penitenciario no se va a convertir en un riesgo”.
Pese a ello, para el liberal, todas estas acciones no favorecerán en nada la seguridad de la población.
“Así no podemos garantizar la seguridad de los costarricenses”, concluyó el congresista.
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