Hermes Solano
Luego de muchos meses de discusión, los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos alcanzaron un acuerdo para que permitirá ampliar la vida útil de los autobuses por un año.
Se apoyará una moción para aplicar ese cambio en el proyecto.
Así lo definieron ayer tras un consenso entre todos los integrantes del órgano legislativo, que votaron en contra las 138 mociones presentadas por Sofía Guillén del Frente Amplio.
Esa ampliación de un año será solamente para pequeñas empresas autobuseras y también cooperativas.
Una vez que se vote y llegue a convertirse en ley, se aplicará el tiempo, que le permitirá a estas empresas seguir usando sus unidades mientras logran renovar la flotilla.
“Con esta decisión se logra un avance sustantivo pues se excluiría a las grandes autobuseras que no tienen excusa para modernizar sus unidades”, indicó la diputada Guillén.
¿Qué dice la moción?
“Se autoriza por única vez la circulación y utilización en el servicio de transporte público a las unidades modalidad autobús de la ruta regular modelos 2006, 2007 y 2008 hasta el 31 de diciembre de 2024, en respuesta a los efectos que causó la crisis sanitaria provocada por la enfermedad covid-19”.
Esta ampliación sería solo para “empresas autobuseras clasificadas como micro, pequeñas y medianas empresas según la clasificación de Aresep y las cooperativas del sector de transporte público”.
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Vigilantes
Con esa decisión, ahora se debe esperar a que se presenten las mociones vía artículo 137 y volver a la Comisión para dictaminar el proyecto.
“Vamos a seguir muy vigilantes de esto, esperamos que sea una salida para las mipymes sin poner en riesgo la vida de las personas usuarias”, señaló la diputada frenteamplista.
Guillén anunció que ella estará haciendo la consulta de constitucionalidad, pero confía en que el acuerdo entre los diputados y fracciones se mantenga y no se amplíe la vida útil para las grandes empresas.
Esta iniciativa buscaba darle cinco años más de vida útil a los autobuses que ya superaban los 15 años que dicta la ley para brindar el servicio público.
El proyecto no avanzó y desde el 1 de enero de este año, muchas unidades tuvieron que salir de circulación.
La Cámara Nacional de Transportes insiste en que las empresas ven limitadas sus posibilidades de acceder a créditos.
Los empresarios argumenta que la decisión de sacar las unidades afecta la prestación de los servicios en diferentes rutas, ampliando la espera de los usuarios por el servicio.
