Paula Ruiz
Los diputados aprobaron en primer debate el proyecto de ley, que establece comisiones máximas para proveedores del servicio de datáfonos y otros sistemas de pago.
Se trata del expediente 21.177 liderado por el oficialista Welmer Ramos, que se coló en la agenda legislativa, centrada en la emergencia nacional por la COVID-19
El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) defendió que la iniciativa ayudará a los comerciantes, uno de los grupos más afectados por el nuevo coronavirus.
El proyecto establece lo siguiente:
- el Banco Central de Costa Rica (BCCR) será la encargada de determinar las comisiones máximas que podrán cobrar los proveedores por el servicio a través de datáfonos
- podrá requerir a los proveedores de servicio y afiliados, toda la información que estime necesaria
- establece multas por infracciones leves, muy leves y graves
- las multas van desde ¢450.000 hasta ¢90 millones (datos a 2020), esta última por incumplir las comisiones máximas
- el BCCR llevará un registro de los proveedores de servicio y afiliados que incumplan las disposiciones
- las comisiones máximas establecidas por el ente monetario, regirán cada 1 de enero o conforme lo indique este banco en su resolución general
- las revisiones ordinarias se realizarán al menos una vez al año, pudiendo realizar extraordinarias fundamentadas en estudios técnicos
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No es inmediato
Las diputadas Yorleny León y Ana Karine Niño del Partido Liberación Nacional (PLN) apuntaron a que la iniciativa no tendrá un efecto inmediato.
León señaló a que podría empezar a regir en unos seis meses. Debido a la situación económica por COVID-19, la liberacionista cree que esta iniciativa puede ayudar a paliar la situación.
El sábado 21 de marzo fue el día fijado para su votación en segundo debate.
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