Paula Ruiz
Con 33 votos a favor y 7 en contra, el Plenario aprobó un informe con recomendaciones por el caso Cochinilla.
Esto proviene de la Comisión Especial que se conformó con ese mismo nombre para investigar el caso que estalló en junio de 2021. Desde ese momento, inició el análisis político.
A raíz de ello, los legisladores sugieren una sanción política y moral contra Rodolfo Méndez, ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
“Se establece sanción política y moral, consistente en la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos durante un período constitucional (cuatro años). Y la solicitud a los partidos políticos de no postularlos a cargos de elección popular durante dos períodos constitucionales (ocho años)”, señala el documento.
La sanción también recae sobre Tomás Figueroa Malavassi, Berny Vargas Mejía, Marcia Cordero Sandí y Luis Llach Cordero.
También sobre Jenny Núñez Montoya y Vilma Padilla Guevara, miembros del Consejo de Administración de Conavi.
Esta sanción política y moral es lo que llevó al oficialismo a separarse del informe y votar en contra del mismo.
“La función de establecer sanciones le corresponde a los tribunales de la República”, defendió Víctor Morales, diputado oficialista.
Paola Valladares, diputada liberacionista señaló a Méndez Mata como el responsable de lo sucedido con contratos de obra pública.
“El allanamiento en la casa y en el despacho dicen lo contrario, porque sí es el responsable. No por nada, lo que generó la Comisión Investigadora, le da pie a la Fiscalía para realizar esos allanamientos”, afirmó Valladares.
Estos allanamientos en la casa y oficinas del ministro, se realizaron en marzo de 2022.
El documento también recomienda al presidente Carlos Alvarado destituir al ministro, aunque el gobierno está a 15 días de dejar sus labores.
Otras recomendaciones
Por otra parte, los diputados recomendaron definir con claridad el perfil y funciones de los funcionarios de confianza en Casa Presidencial.
Lo anterior debido a lo sucedido con Camilo Saldarriaga “quien no tuvo más que un presunto objetivo general y no quedó constancia alguna del desempeño o evaluación del funcionario. Tampoco del cumplimiento de metas y mucho menos ningún informe escrito de rendición de cuentas”.
El diputado José María Villalta destacó que la investigación reflejó “una red de corrupción estructural en el MOPT”.
El informe ahora se traslada a cada instancia mencionada en el documento. Esto con tal de que acuerden su aplicación o no porque no es de carácter obligatorio.
La Comisión que investigó el Caso Cochinilla tuvo funciones durante nueve meses.
