Paula Ruiz
La Asamblea Legislativa autorizó a las municipalidades y comités cantonales de deportes a eximirse de la aplicación de la regla fiscal, mediante la aprobación en primer debate del proyecto de ley 21.922 este jueves.
La votación contó con el respaldo de 41 legisladores y la oposición de tres congresistas.
La exclusión de la regla fiscal para los gobiernos locales se destaca en el artículo 10 de la iniciativa. Durante la sesión de Plenario, los legisladores lograron consensuar mociones tras varios recesos.
La regla fiscal es un límite al crecimiento del gasto del Gobierno, que se basa en el crecimiento de la economía (Producto Interno Bruto, PIB). De esta manera, el aumento del presupuesto nacional está “amarrado” al comportamiento de la producción y de la deuda del Gobierno. Se contempla en el Capítulo IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 9635.
Este componente de la reforma fiscal es especialmente importante para la formulación de los presupuestos de 2021 y 2022, dado el nivel de deuda respecto al PIB que estima el Banco Central para estos años, por encima del 60%.
Un grupo de funcionarios municipales junto al alcalde de San José, Johnny Araya, se manifestaron pacíficamente en las afueras del Museo de los Niños, para presionar a los diputados por su votación. La sesión se realiza en el Auditorio Nacional. (Paula Ruiz/El Observador)
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La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que la desaplicación de la regla fiscal podría tener un efecto adverso en la gestión municipal de mediano plazo, sin que quede clara cuál es la contribución de esta norma al objetivo de la propuesta.
Para el ente contralor debían definirse las “condiciones asociadas a la emergencia en términos de temporalidad, estimaciones sobre los eventuales requerimientos y naturaleza de los gastos prioritarios”, detalló la CGR en un documento enviado a los diputados, tras una consulta.
La diputada verdiblanca Yorleny León criticó fuertemente la “incoherencia” en aprobar un proyecto como este que atenta contra la regla fiscal. La congresista recordó que la iniciativa surgió como una búsqueda de soluciones para los gobiernos locales, sin embargo la exclusión de regla fiscal no será temporal, sino fija.
“No contamos con elementos técnicos que nos permitan justificarle a este país que las municipalidades deben quedar fuera de la regla fiscal. Hemos tenido conversaciones pero situadas de una parte de la moneda, no así de las dos caras. Además de esas conversaciones, no hemos tenido debate de fondo que permitan justificar el porqué las municipalidades deben quedar fuera”, sostuvo.
La legisladora criticó la ausencia de Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, en la defensa de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
José María Villalta, del Frente Amplio, más bien defendió que en dicha Ley se incorporó a las municipalidades a aplicar una restricción al gasto sin criterios técnicos.
La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) respaldó el proyecto. “Una municipalidad podría tener recursos para invertir en infraestructura para beneficio de las personas y no podrá hacerlo”, detalló Karen Porras, presidenta ejecutiva de la entidad.
La junta directiva del Banco Central de Costa Rica emitió un dictamen negativo sobre el plan.
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Sin nuevas plazas
La diputada verdiblanca Yorleny León (derecha) criticó la aprobación del proyecto, mientras su compañera de bancada, María José Corrales (izquierda), lideró la mesa de trabajo. (Asamblea Legislativa)
Dentro de las mociones aprobadas está el eliminar la posibilidad de crear nuevas plazas municipales, tal cual se pretendía.
María José Corrales, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), también reconoció cambios en el Sistema de Compras Públicas (Sicop), donde se le permitirá a las “municipalidades pequeñas realizar siempre sus contrataciones pequeñas por medio de esta ley, pero facilitándoles las formas de pago y ciertas modificaciones principalmente para que las municipalidades puedan tener flexibilización del gasto”.
El proyecto también busca autorizar a los Gobiernos Locales y Concejos Municipales a autorizar moratorias en el pago de patentes y licencias.
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