Diputados de la Comisión de Derechos Humanos dictaminaron de manera afirmativa un proyecto de ley que busca imponer entre 20 y 35 años por crímenes de odio.
La iniciativa agrega un nuevo inciso para catalogar como homicidio calificado a quien mate a una persona por lo siguiente:
“Inciso nuevo) A una persona por motivos de odio a causa de su pertenencia a un grupo etario, racial, étnico, religioso, de su nacionalidad, opinión política, situación migratoria, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad o características genéticas”.
El avance se da mediante los cinco votos afirmativos otorgados por los liberacionistas Gustavo Viales y Paola Valladares, el oficialista Enrique Sánchez, así como María Vita Monge del PUSC y el independiente Dragos Dolanescu.
En contra se manifestó Nidia Céspedes, legisladora independiente afín a Nueva República.
Difusión de contenido
Por otra parte, se busca imponer prisión de seis meses a tres años a quien difunda, distribuya o exhiba por cualquier medio material con contenido de imagen, audio o video que promueva mitos, estereotipos y prejuicios que inciten a las personas a odiar, rechazar o discriminar contra grupos de personas sobre la base del odio racial.
Como excepción, se expone la difusión de informaciones u opiniones de interés público.
Con la legislación que se pretende, también se busca inhabilitar para ejercer cargos públicos de manera permanente o temporal por delitos de discriminación racial, genocidio y etnocidio.
Además, se realiza una reforma del delito de genocidio para incluir el etnocidio y se ajuste la sanción al más alto rango de penas que hay en la legislación, que es de 20 a 35 años de cárcel.
El interés por esta iniciativa tiene que ver con el cumplimiento de compromisos internacionales, adquiridos en materia de Derechos Humanos.
Ahora, el proyecto pasa a Plenario ya sea para iniciar con su trámite de mociones o bien, iniciar su discusión para ser sometido a votación.