Hermes Solano
En febrero anterior, los diputados Gloria Navas y Gilberth Jiménez, junto a otros legisladores y con el apoyo del Colegio de Abogados presentaron un proyecto de ley denominado “Ley para la regulación y sanción del delito de préstamo gota a gota”.`
Esa iniciativa se incluyó en una lista de 12 proyectos que la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) le solicitó al Poder Ejecutivo convocar en sesiones extraordinarias, como parte de una ruta para combatir la inseguridad.
El proyecto busca combatir la extorsión hacia las personas que acceden a créditos denominados gota a gota y que cobra intereses abusivos.
Varios diputados se muestran a favor de la iniciativa, aunque también son enfáticos en que se le deberían hacer mejoras, pensando también en acabar con el problema de raíz.
Con la aprobación de la Ley de Usura, muchas personas quedaron excluidas de la posibilidad de acceder a créditos en la banca formal, por lo que toman la decisión de pedir préstamos a personas o grupos.
La socialcristiana María Marta Carballo confirmó esto y dio datos entregados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre los casos recibidos por extorsiones a la hora de cobrar las cuotas.
“El OIJ nos indica que recibieron en los dos últimos años casi 700 denuncias por extorsiones y de esas, el 50% son mujeres, entonces claramente están abusando de la vulnerabilidad social”, indicó la diputada.
“¿Si es el proyecto perfecto? Puede ser que requiera unas mejoras, pero se necesita que se convoque para entrar a la discusión”, añadió.
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La iniciativa
El proyecto pretende cambiarle la redacción al artículo 243 del Código Penal, para que se le agregue “estado de pobreza o calamidad social”, en referencia a las personas que solicitan estos préstamos.
Además, se quiere ampliar la legislación con el 243 BIS, que pondría penas de entre tres a 10 años de prisión a aquellas personas cobren el dinero “valiéndose de intimidación, amenazas graves, privación de libertad o lesiones de las definidas en los artículos 123, 124 o 125 de esta ley”.
También, indica que las penas serán más duras para las organizaciones que se dediquen a este tipo de negocio.
“La pena será de cuatro a doce años de prisión si el delito es cometido por una estructura de crimen organizado de acuerdo con las normas internacionales vigentes y la Ley Contra la Delincuencia Organizada y sus reformas ley N° 8754 del 24 de julio del 2009”, dice el artículo.
Los proponentes son claros que el prestar dinero no es delito, pero sí lo es la extorsión y la usura.
El PUSC presentó la lista de 12 proyectos sobre seguridad.
De raíz
Para el diputado del Partido Liberal Progresista, Jorge Dengo, el proyecto es bueno y lo apoyaría, pero considera que no ataca el problema de raíz.
“Creo que es un proyecto bien intencionado, va en la dirección correcta, pero no está pensando en la raíz del problema”, dijo.
“No creo que sea una gran solución a un tema que se da a partir y tiene que decirse, cuando se aprobó la Ley de Usura. De un plumazo sacó a cientos de miles de personas a la informalidad financiera”, indicó.
Por eso, dice que él presentó un proyecto para derogar la Ley de Usura, que se aprobó en la legislatura pasada, propuesto por Welmer Ramos.
Los legisladores esperan que el Ejecutivo lo convoque lo más pronto posible.
