Hermes Solano
La reunión de la Comisión de Seguridad realizada este martes con la presencia de los tres Poderes de la República estuvo marcada por la solicitud del presidente Rodrigo Chaves que se avance en los cinco proyectos que presentó el Ejecutivo meses atrás.
Esas iniciativas caminan lento en el Congreso, y algunas, incluso, como la de extradición de costarricenses, tendría vicios de constitucionalidad.
Los diputados presentes en la reunión esperaban que desde el Gobierno se les presentara una política de seguridad definida para combatir, a la mayor brevedad posible, lo que está sucediendo.
Más de 220 homicidios que el año anterior, muchos de ellos cometidos en vía pública y a plena luz del día hacen que todos los sectores peguen el grito al cielo.
“El presidente sigue cerrado en los proyectos que él solicitó y no ve más allá de los demás. Los proyectos no resuelven todos los problemas de seguridad, falta mucho más, una política de seguridad que no la tiene, porque no nos la presentaron”, dijo Alejandro Pacheco, jefe de bancada del PUSC.
“Teníamos una expectativa de que se nos hiciera una propuesta muy concreta, pero no, no fue así”, dijo por su parte Óscar Izquierdo, jefe del PLN.
“Nos faltó una propuesta concreta de que es lo que tiene que hacerse; nos habló de algunas leyes que presentaron, pero no vienen a resolver de manera inmediata el problema del país”, añadió.
En la conferencia de prensa, Chaves dijo que se identificaron 25 proyectos de ley que deben discutirse en la Asamblea.
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No resuelven
Costa Rica requiere acciones inmediatas para contener la ola de criminalidad; sin embargo, los legisladores consideraron que Chaves está centrado en los proyectos que presentó meses atrás en una actividad en la Plaza de la Democracia.
Los proyectos presentados fueron los siguientes:
Estos son los proyectos:
- Extradición de nacionales por delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo. Se enviarán a costarricenses a que sean juzgados al país donde cometieron el delito.
- Para resguardar la seguridad pública y contener los delincuentes que representan un peligro para la sociedad. Se pretende mano firme por parte de los Jueces.
- Ley de control de armas
- Modernización de intervenciones telefónicas
- Para adecuar la respuesta de la justicia penal juvenil a los retos de la criminalidad, violencia, y delincuencia organizada
- Del sistema Penitenciario Nacional. Los privados de libertad violentos deben permanecer en la cárcel
“Hay algunos que no vienen a resolver la situación de manera inmediata, incluso algunos hasta con roces de inconstitucionalidad”, consideró el verdiblanco.
Reunión Consejo Nacional Seguridad. (Cortesía Casa Presidencial)
Bajar el tono
La reunión, en la que participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre; el fiscal, Carlo Díaz y el director del OIJ, Rándall Zúñiga, también sirvió para que los diputados señalaran el tono en el que se ha dirigido el mandatario a los otros poderes.
Según supo El Observador, hubo intercambio de criterios que no le gustaron al mandatario, pero finalmente se dio un acuerdo de que el tono bajara en las declaraciones y se respetaran las posiciones.
“En la reunión se le cuestionó que él no hacía puentes, que los dinamitaba, que usaba una política agresiva y lo que debería hacer es ayudar”, contó el socialcristiano.
“Dijo que iba a bajar el tono y que esperaba que por el país avanzáramos todos juntos”, siguió Pacheco.
“Conversamos sobre la necesidad de bajarle el tono y de entenderos de una manera más adecuada, sin epítetos que muchas veces se sobrepasan”, finalizó por su parte Izquierdo.
