Paula Ruiz
El interés del Gobierno por reformar la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), para quitarle el control sobre la regulación de tarifas en servicios públicos, tiene poco ambiente entre diputados de oposición.
Fue a inicios de semana cuando el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, informó sobre el interés que tiene de presentar una propuesta de ley para hacer modificaciones radicales a este ente regulador.
Sin embargo, los diputados no están anuentes a aceptarlas, pues elloimplicaría criterios opuestos a los de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Daniela Rojas, jefa de fracción del PUSC externó su preocupación con respecto a la posibilidad de la pérdida de independencia de Aresep.
Una posición similar tiene la liberacionista Paulina Ramírez quien aseveró a que no hay un estudio técnico que indique las razones para hacer cambios a la institución.
“¿Será que no quiere asumir el MOPT la responsabilidad de lo que sucedió y lo que ha declarado él mismo? Yo no podría tomar tan a la ligera hacer los cambios en Aresep sin antes conocer las verdaderas razones”, afirmó.
En tanto, el verdiblanco Gilberth Jiménez defendió la institucionalidad de Areseo, un ente que fiscaliza y regula.
“Siento que el Ministro, al querer tener toda la institucionalidad, es juez y parte en todo sentido. En una democracia como la nuestra es improcedente”, destacó.
A la espera
Otros diputados están a la espera de que se presente la propuesta de ley con tal de valorar cada uno de los artículos que propondría el Poder Ejecutivo.
Una de ellas es la frenteamplista Sofía Guillén quien quiere ver la propuesta “en blanco y negro” aunque adelantó que al parecer, en esta administración “todo es culpa de gobiernos anteriores”, aunque recurrieron a figuras políticas de otros partidos, como el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
Guillén enfiló críticas en que el modelo tarifario debería de ser actualizado y la institución como tal tendría que tener mejoras. “De ahí a que yo crea que hay que desaparecerla, pues no”, dijo.
Otra bancada que está a la espera del texto es la de Nueva República.
“Si el proyecto viene en aras de facilitar, de ayudar, de colaborarle al costarricense a salir adelante, tendrá el apoyo de los diputados de Nueva República. Pero es un tema que tenemos que estudiarlo, porque no es ‘adelgazar por adelgazar’. No es recortar por recortar, sino que tenemos que revisarlo con calma y verlo bien, pero siempre con la óptica de que los costarricenses son la prioridad de nuestro partido”, declaró el diputado José Pablo Sibaja, de la fracción evangélica.
“Adelgazarla”
El lunes, durante una comparecencia de Amador ante la Asamblea Legislativa, el jerarca admitió el interés por tener control sobre fijación de tarifas y fiscalización.
Asimismo, apuntó a que la Autoridad Reguladora podría quedarse con labores de fiscalización, funciones que hoy recaen sobre ese ministerio, según expuso.
Como parte de los argumentos, presentó una serie de números ante los diputados para justificar la iniciativa de ley que presentarían a la corriente legislativa.
Amador citó los costos de la regulación por energía, que son ¢3.680 millones anuales; así como los de agua, ¢2.564 millones y Transportes, ¢6.400 millones.
Aseguró que “como mínimo” a la entidad deben “adelgazarla” y con ello habría un impacto hacia la baja en las tarifas.
“Yo creo que hay que adelgazarla porque vaya vea los costos y cantidad de costos que se han malgastado en demandas, de nada sirve que tengan el control en absoluto”, puntualizó.
