Paula Ruiz
Diputados de todas las fracciones legislativas reconocen los riesgos de postergar o improbar el acuerdo del país con Fondo Monetario Internacional (FMI). Sobre todo tras la advertencia de las calificadoras de riesgo Fitch y S&P Ratings.
Ambas firmas anunciaron durante marzo que mantenían la nota de riesgo a Costa Rica, pero con una perspectiva negativa (advertencia de que puede ser reducida en cualquier momento).
Evitar el deterioro de la nota está condicionado por ambas calificadoras a que la Asamblea Legislativa logre la aprobación del empréstito con el Fondo en los plazos estipulados.
A través del organismo internacional, se busca un préstamo por $1.750 millones para sanear las finanzas del país.
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Riesgos latentes
“Una rebaja implicaría tasas de interés más altas por pagar y eso no le conviene al país”, explicó Erick Rodríguez, diputado independiente.
“Eso mete presión para aprobar proyectos que se ha dicho que son necesarios para alcanzar un acuerdo con el FMI”, amplió.
Por su parte Silvia Hernández, presidenta de la Comisión de Hacendarios, resaltó que la presión misma surge por la realidad país.
“Por eso era imprescindible que el ejecutivo asumiera el rol y buscara algún acuerdo con el FMI para hacer un esfuerzo coordinado de mejora de la gestión de la deuda. Ya que solo quería asumir préstamos sin ningún compromiso de algo estructural”, sostuvo la liberacionista.
Con esta opinión coincidió la oficialista Laura Guido, quien señaló que este tipo de advertencias deben de atenderse con responsabilidad.
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“No se trata de una presión al Parlamento que sea creada por la evaluación, sino una realidad inminente que amenaza al país y que solo las y los legisladores tenemos el poder de prevenir”, manifestó la pacsista.
En un tono distinto respondió la socialcristiana María Inés Solís, quien es del criterio de que la responsabilidad es del Poder Ejecutivo.
“Los diputados hemos estado en la mayor disposición de avanzar, creo que aquí la presión la tiene el Ejecutivo quien maneja la agenda en estas sesiones extraordinarias y que se le ha olvidado que existen otros proyectos además de empleo público con los cuáles urge avanzar”, puntualizó.
La diputada hace referencia a las otras siete iniciativas que también son necesarias para el acuerdo. Pero, se mantienen estancadas porque Casa Presidencial no las convoca.
Optimismo por aprobación
A los legisladores también se les consultó si hay viabilidad para lograr ese acuerdo con el FMI que se traza desde el Congreso.
Las congresistas Silvia Hernández y Laura Guido, coinciden en que se realizan esfuerzos desde diferentes bancadas para concretarlo.
“Considero que hay un bloque importante de fracciones de oposición, que, junto con el gobierno y la fracción oficialista, desean avanzar con el acuerdo”, dijo Hernández.
Por su parte, Rodríguez cree que el acuerdo sí se va a dar en tanto, el Gobierno no negocie un paquete de impuestos.
El sector cooperativo y el de seguros, ya advirtieron que el proyecto de rentas de capital aumentos exorbitantes en precios finales para el consumidor.
“En algunos de estos (proyecto) ya varios legisladores hemos levantado la voz sobre algunos aspectos que pueden ser perjudiciales y que no vamos a permitir que se dañe más el bolsillo de los costarricenses, por lo tanto son iniciativas que deben de valorarse con muchísimo cuidado”, reconoció Solís.
Todo el plan se pretende aprobar a más tardar en junio. Foto: Asamblea Legislativa.
Gobierno confía
Desde el Ejecutivo, Pilar Garrido, ministra de Planificación resaltó precisamente las calificaciones de riesgo así como un aumento en los precios de bonos del Gobierno.
“Las calificadoras están anuentes a este acuerdo y han mantenida la calificación del riesgo país; a la vez que destacan la necesidad de avanzar en esta agenda”, dijo.
“Por ello, reitero la confianza plena del Poder Ejecutivo en la característica responsabilidad que ha mostrado la Asamblea Legislativa con el tema del saneamiento de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica del país”, agregó Garrido.
Se estima que tanto las iniciativas de ley como el acuerdo en sí, estén aprobados a más tardar en junio.
