Hermes Solano
La imagen de un hombre amenazando a un conductor con un arma de grueso calibre en el sector de Linda Vista de Río Azul generó alarma en el país durante la última semana del año.
Ese tipo de armamento está en poder de grupos o bandas criminales dedicadas principalmente al narcotráfico y parece que andan a la libre.
Desde la Asamblea Legislativa buscan soluciones para atacar la crisis de seguridad que está viviendo Costa Rica y que ya dejó más de 900 personas asesinadas.
Los diputados Gloria Navas de Nueva República y Gilberth Jiménez del PLN, integrantes de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico consideran que la regulación sobre armas en el país es floja.
“Luego de una revisión normativa se puede concluir que el actual marco regulatorio costarricense sobre armas de fuego, de sus componentes y municiones es laxo”, indicaron en el expediente 23.095, presentado a la corriente legislativa.
Este proyecto pretende fortalecer el marco sancionatorio de los delitos cometidos con armas de fuego prohibidas a través de reformas en la Ley de Armas y Explosivos.
El objetivo de la propuesta es “la prevención y reducción de la violencia con armas de fuego y particularmente las consecuencias letales de su uso”, mediante el control de las armas de fuego, de sus componentes y municiones.
Sobre el tema de las armas el Poder Ejecutivo presentó un proyecto en abril de este año que no avanzó; el legislador Jiménez lo tomó y presentó una propuesta que también está en la corriente legislativa.
Mercado ilegal
Los legisladores señalaron en el texto de la propuesta cómo el mercado ilegal abastece de armas a la delincuencia organizada y a la delincuencia común.
“El informe sobre “Armas de fuego y extorción en Centroamérica”, que elabora Iniciativa Global, confirma que el 52% de las armas que circulan en el país, proceden del mercado negro, es decir que, de las 493.000 armas identificadas, 257.369 no tienen registro de ingreso o compra”, dice el texto.
Ante los acontecimientos, los diputados consideran que “se hace necesaria la actualización de las penas frente a los delitos más graves, sobre todo aquellos que se cometen con armas y que han aumentado significativamente por la violencia de grupos de crimen organizado”.
El proyecto busca que se reformen los artículos 1, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, de la Ley de Armas y Explosivos.
El objetivo es imponer penas por diferentes circunstancias como prisión de uno a tres años, a quien tenga en su poder armas permitidas por la presente ley que no se encuentren inscritas en el Departamento.
También una pena de prisión de cuatro a seis años, a quien posea armas prohibidas o reservadas para uso exclusivo de los cuerpos de policía; o de cinco a 10 años a quien acopie armas prohibidas.
“La pena se ampliará en un medio cuando el hecho ilícito sea cometido por el crimen organizado o de asociación ilícita”.
