Paula Ruiz
El martes pasado el Gobierno culpó a los diputados de frenar un 1% adicional para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en este 2023, según lo habían acordado con las universidades públicas el año pasado.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda aseguró que no hay viabilidad presupuestaria para la otorgarle ¢5.591 millones a las casas de enseñanza superior públicas porque los legisladores recortaron ¢81.000 millones para la partida de pago de intereses para este año.
No obstante, el liberal Eli Feinzaig le recordó al jerarca que en caso de no haberse dado ese recorte, el dinero debía usarse exclusivamente para ese fin y no para el FEES.
“No me deja de sorprender el cinismo del ministro Nogui Acosta cuando pretende responsabilizar a la Asamblea por no querer cumplir el compromiso que asumió con los rectores de aumentar el FEES en un 1% adicional”, dijo.
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“Si bien es cierto, yo voté en contra del recorte de la partida de intereses, habrá que recordarle al ministro que la partida si no se hubiera tocado, tampoco le permitiría aumentar el FEES porque ese dinero estaba reservado para el pago de intereses”, amplió Feinzaig.
En esta misma línea opinó el frenteamplista Jonathan Acuña recordó que durante la discusión del Presupuesto Ordinario para el 2023 “no tocamos en absoluto los recursos del FEES”.
“Pero, ahora viene el ministro, como no quiere cumplir se inventa que esas modificaciones provocan que no puedan cumplirle a las universidades, esto es totalmente falso”, puntualizó el legislador.
Para Acuña, se trata solamente de una excusa para incumplir con un compromiso.
“Lo que hicimos fue tomar recursos de una partida de pago de intereses que no iban a ejecutar, que no van a usar en el Ministerio de Hacienda y destinar esos recursos a necesidades urgentes como Caja, infraestructura vial y comunales”, recordó.
Gilberth Jiménez, congresista verdiblanco que también integra la Comisión de Asuntos Hacendarios donde se concretó el recorte a la partida de intereses, consideró que la justificación de Acosta es una forma de evadir responsabilidades y compromisos.
“No concibo, ministro, cómo pretende culpar a diputados de una situación que usted debe administrar”, recriminó.
También, el socialcristiano Carlos Felipe García manifestó que no es la primera vez en que el Gobierno busca excusas ante situaciones que les corresponden.
“Ha sido la práctica del gobierno optar por el camino fácil de decir que es un tema meramente presupuestario y no hacer el esfuerzo de construcción y diálogo que deben incluir las diferentes negociaciones”, dijo.
Rectores no lo aceptan
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) no aceptó la excusa del Gobierno de responsabilizar a los diputados por esta situación.
La Constitución Política en el artículo 85 establece que la negociación para el año siguiente tiene la base del año en curso más la inflación.
Los rectores destacaron que el año pasado aceptaron un crecimiento de un 1% “fundamentado en el argumento de la situación financiera estrecha expuesta por el Gobierno para el 2022, a pesar de que la inflación anual de ese año cerró en 7,88%”.
De esta manera, optaron por negociar ese 1% adicional pese a que la cláusula estableció que se revisaría en junio de 2023 para determinar la viabilidad del ajuste.
“Sorprende que el Gobierno en reiteradas ocasiones ha manifestado la mejora de la situación fiscal y económica del país para el presente año, no obstante en la reunión de la Comisión de Enlace del día de hoy (ayer), el Ministro de Hacienda indica que no pueden cumplir con ese 1% adicional debido a que la Asamblea Legislativa cuando aprobó el presupuesto de la República para el año 2023 lo hizo con la distribución propuesta por la Comisión de Hacendarios que era diferente a la del Ejecutivo”, criticó el Consejo Nacional de Rectores (Conare).
El próximo martes 20 de junio habrá una tercera reunión entre representantes gubernamentales y rectores, donde estos últimos podrán hacer observaciones sobre la imposibilidad de otorgar ese 1%.
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En ese espacio, los líderes universitarios buscarán la manera de demostrar que no es justo escudarse en la Asamblea Legislativa para no conceder el dinero adicional.
Asimismo, señalarán que con esos ¢5.591 millones podrán aumentar el número de becas y la apertura de nuevos cursos para el rezago educativo, así como otras áreas.
El mismo día en que los rectores presentarán sus argumentos, habrá una manifestación convocada por universitarios y sindicatos. Consideran que la gota que derramó el vaso fue lo sucedido este martes con el FEES.
Los recortes solo podrán hacer observaciones a lo indicado por el Poder Ejecutivo hasta la próxima semana. Aunque el ministro de Hacienda, Nogui Acosta fue claro que no hay espacio para ese 1% adicional. Cortesía: Casa Presidencial.
