Paula Ruiz
El Gobierno culpó a los diputados para no cumplir con el acuerdo del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en este 2023.
El año pasado, el Poder Ejecutivo acordó que el monto para las universidades en este presente año era de ¢564.791 millones, equivalentes a una base de ¢559.199 millones más un 1% de inflación, ajuste que es de ¢5.591 millones.
Adicionalmente, el acuerdo contempló que en junio de 2023, la Comisión de Enlace se reuniría para valorar un posible ajuste de 1% en caso de que hubiese viabilidad en el presupuesto extraordinario.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta argumentó que no es viable ese 1% debido a los ¢81.000 millones que rebajaron los diputados para el servicio de la deuda.
Acosta aceptó que los eurobonos y la gestión de la deuda han permitido un ¢40.000 millones que no son suficientes para el giro de dinero.
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“No tenemos espacio para acceder al 1% dado que diputados hicieron rebaja de los intereses, los recursos están asignados a otras funciones, vivienda, asociaciones de desarrollo, municipalidades, etcétera”, destacó el ministro.
De esta forma, achacó que “el espacio fue agotado en la Asamblea Legislativa por disposiciones unilaterales de la Asamblea Legislativa”.
Durante este martes, miembros del Poder Ejecutivo se reunieron con los rectores de universidades públicas para valorar este tema a quienes les hicieron una presentación para explicarles los motivos que llevan al Gobierno a tomar esa decisión.
La próxima semana, en un nuevo encuentro, los rectores solo tendrán espacio para observaciones, dado que la posición gubernamental es clara: “no tenemos espacio para otorgar ese 1%”.
¿En qué afecta a las universidades?
Emmanuel González, presidente de Conare advirtió que desde el año 2019 viene dándose una afectación en el presupuesto del FEES.
En ese año, la Asamblea Legislativa tomó la decisión de recortar ¢10.000 millones de la base presupuestaria. Después de esta acción, la Sala Constitucional declaró con lugar las acciones presentadas por las casas de enseñanza y les dio la razón de que ese recorte no debió hacerse.
González recordó que para el 2020 y 2021 también hubo disminuciones por la crisis asociada al covid-19.
“De seguir esta lógica presupuestaria, las universidades estarían viendo comprometidos sus fondos para darle continuidad a su negocio desde el punto de vista de la formulación de sus actividades cotidianas”, advirtió esta tarde.
Pese a esto, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller defendió que ese 1% se trataba de una “posibilidad” y el Ejecutivo cumplió al otorgar el espacio con las universidades.
“Sin embargo, las condiciones económicas y los ajustes a la propuesta del presupuesto que realizó la Asamblea Legislativa, no han permitido generar ese espacio de presupuesto suficiente. Voluntad había, en este momento no hay posibilidad de obtener ese presupuesto”, declaró Müller.
Ese 1% adicional equivale a ¢5.591 millones.
Los recortes solo podrán hacer observaciones a lo indicado por el Poder Ejecutivo hasta la próxima semana. Aunque el ministro de Hacienda, Nogui Acosta fue claro que no hay espacio para ese 1% adicional. Cortesía: Casa Presidencial.
El pago de deuda
El Gobierno defendió que en la propuesta de Presupuesto Ordinario para el 2023, le presentaron a los diputados una solicitud por ¢2.467.138 millones para el pago de intereses.
No obstante, por el recorte la partida quedó en ¢2.385.999 millones.
Mediante un comunicado de prensa, el Ejecutivo acepta que todavía hay dinero suficiente para el pago del servicio de la deuda.
“Aunque a la fecha el pago de intereses no se ha visto afectado; Hacienda debe ser prudente con el manejo de este rubro. Hasta abril de 2023 se han pagado ¢805.744 millones por este concepto, quedando un pendiente estimado de pago por ¢1.539.557 millones”, expuso el Gobierno de la República.
Para lo que resta de este año, hay una alta concentración en instrumentos de tasa variable y en dólares.
En octubre de 2022, cuando los legisladores de la Comisión de Hacendarios concretaron los recortes para el servicio de la deuda, tuvieron tres motivaciones para hacerlo.
El primero de ellos, tiene que ver con el recorte en partidas sociales planteada por el Poder Ejecutivo en cultura, educación, salud y sectores vulnerables. De esta manera, trasladaron fondos de lo presupuestado para el pago de intereses, a instituciones y programas sensibles.
Se suma a lo anterior, el tema de ejecución de esta partida.
El liberacionista Gilberth Jiménez expuso, por ejemplo, que en el 2019 había un presupuesto por ¢4,3 billones y hubo un remanente por ¢783.000 millones.
En tanto, al año siguiente, durante la pandemia, se presupuestaron ¢3,9 billones y al final del año, sobraron ¢568.000 millones.
El frenteamplista Jonathan Acuña se sumó a este análisis, al indicar que en 2021 se ejecutó un 93,7% de lo presupuestado.
“Y si nos vamos a ver de 2015 a 2021 encontramos en que en el 2016 es cuando lograron ejecutar más, que fue 95,4% con un 4,6% de subejecución. Eso pasa acá, que hay un espacio en esa partida.
La tercera motivación tiene que ver con el hecho de que la contralora general de la República, Marta Acosta, confirmó que el Gobierno tiene una subestimación de ¢539.000 millones en ingresos dentro del Presupuesto Ordinario 2023.
Pese a las dos reuniones que han tenido ambas partes de manera formal, todavía no inicia la negociación sobre el monto del FEES para el 2024.
Será hasta en próximas reuniones cuando se inicien negociaciones sobre el monto del FEES para el 2024. Cortesía: Casa Presidencial.
