Tomás Gómez
El 2023 tuvo diversas evaluaciones negativas para el sistema educativo costarricense y este miércoles se sumó una más de la Contraloría General de la República.
En el nuevo informe se alerta de serias falencias en la planificación integral de la formación, en el cual cada nivel e institución va por su lado sin poder alcanzar los objetivos comunes.
“La planificación del sistema educativo no se realiza de manera integral en razón del bajo de cumplimiento en aspectos requeridos para una planificación participativa, coordinada y prospectiva; lo cual podría incidir en la prestación de servicios educativos de calidad; el uso óptimo de recursos y la generación de valor público”, dice el ente contralor.
Así se concluye luego de una auditoría que investigó si el sistema educativo costarricense “realiza una planificación integral de la prestación de servicios educativos de calidad, el uso óptimo de los recursos, así como, la generación de valor público que permita la creación de nuevos conocimientos sobre el futuro de la educación y la creación de opciones estratégicas para atender las necesidades actuales y futuras”.
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La Contraloría recordó que según la Constitución Política el sistema educativo es un proceso integral en sus diversos ciclos desde preescolar hasta universitaria. Por ello, insiste, se recalcan los problemas.
“Una planificación integral del sistema educativo cobra relevancia, como un proceso colectivo en el cual las instituciones que brindan el servicio de educación en sus diferentes ciclos orientan su razón de ser al cumplimiento de objetivos de alcance nacional; con el propósito de generar efectos e impactos positivos en el servicio que se brinda”, apuntan.
¿Qué encontró la auditoría?
La evaluación la Contraloría midió el sistema del 31 de marzo de 2021 y el 31 de octubre de 2023.
De manera específica se hallaron factores como:
- No se realizan acciones conjuntas entre todos los niveles. Cada institución hace sus propias gestiones y procesos.
- Los proceso de planificación se hace “de manera institucional, sin contar con objetivos, metas, riesgos y determinación del valor público entre las instituciones que conforman el sistema educativo.
- No se integran recursos compartidos, distribución de tareas o herramientas para optimizar los recursos.
- La ausencia de coordinación impide generar insumidos como datos, estadísticas, análisis sectoriales, así como, la participación ciudadana como insumo de la planificación integral.
“Previo al ejercicio realizado producto de la auditoría, no se propician espacios de reflexión, consulta, o mesas de trabajo en conjunto para el análisis de escenarios, pronósticos o estimaciones; que permitan generar alternativas de desarrollo de manera integral actuales y a futuro”, apunta la Contraloría.
“Se evidenciaron algunas acciones bilaterales entre instituciones sobre temáticas específicas, esfuerzos institucionales en materia de prospectiva; así como la aplicación de procesos sistémicos en el subsistema de educación superior estatal”, suma.
¿Qué cambiar en educación?
Como medidas necesarias, la Contraloría pidió al Ministerio de Educación Pública y al Consejo Superior de Educación que se elabore y apruebe una política del sistema educativo con enfoque prospectivo.
Se pide que este plan “oriente la planificación integral de mediano y largo plazo e implemente un instrumento metodológico que considere mecanismos de control y responsables de los procesos de formulación; seguimiento y evaluación de la Política del sistema educativo”.
De paso, se llama la atención al Consejo Nacional de Rectores. A este ente se le pide una Política Educativa para la Educación Superior Universitaria Estatal; la cual debe considerar su planificación de largo plazo y un mecanismo de intervenciones públicas coordinadas entre instancias representantes de los ciclos educativos.
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