Allan Arroyo
El noveno informe Estado de la Educación, publicado este jueves, advierte que toda una generación de estudiantes sigue afectada por las consecuencias que dejó el apagón educativo entre 2018 y 2021.
El informe anterior planteaba el término “apagón educativo” al incluir las extensas huelgas entre 2018 y 2019, y las consecuencias que empezaba a evidenciar la pandemia. Ahora, el nuevo reporte advierte que la crisis educativa en Costa Rica se ha profundizado.
“¿Qué vamos a hacer?”, es una de las preguntas que plantea el informe de este 2022. La directora del Programa Estado de la Educación y coordinadora del informe, Isabel Román, llama a que el país reconozca la situación que se vive en las aulas.
“Lo primero que tenemos que hacer es reconocer el problema, no normalizarlo, porque hemos estado como normalizando una situación que no es normal, y reconocerlo sin justificaciones ni edulcorantes”, dijo la experta.
Román puntualiza que se está en una etapa decisiva para evitar que la enseñanza en Costa Rica siga siendo excluyente y de menor calidad.
El informe hace el llamado en dos vías:
- Restauración: Reparar los daños ya infligidos a las generaciones afectadas.
- Precaución: Disminuir los riesgos futuros.
Apagón de una generación
El informe estima que el sistema educativo costarricense experimentó una disminución de los niveles de aprendizaje de uno a dos años. Datos del Banco Mundial y UNICEF ubican a Costa Rica entre los tres países latinoamericanos que suspendieron clases presenciales por más tiempo entre 2020 y 2021.
La generación de estudiantes que se graduaron en undécimo grado el año pasado y en duodécimo este año cursaron casi toda su secundaria con interrupciones. Estos efectos se empiezan a ver en las universidades con los estudiantes que avanzaron en los últimos años.
El informe advierte que “si el sistema educativo no ofrece apoyos extraordinarios a la población estudiantil, los graves rezagos de aprendizaje pondrán en riesgo el éxito de sus trayectorias educativas y laborales”.
Medidas insuficientes
El Estado de la Educación reconoce que el Ministerio de Educación Pública (MEP) intentó tomar medidas, pero estas fueron insuficientes y parciales, evidenciaron otros problemas y no tuvieron las mediciones y seguimiento requeridos.
“Tanto la falta de capacitación, recursos y materiales para el cuerpo docente como el hecho de que no se evaluaron adecuadamente los aprendizajes del estudiantado son elementos que incidieron en la eficacia de la continuidad de las lecciones”, comentó el investigador, Dagoberto Murillo Delgado.
El Ministerio de Educación, en la administración anterior y actual, impulsó planes remediales o de nivelación pero sin el debido seguimiento.
Algunos puntos que señala el informe son:
- No partió de una evaluación de los aprendizajes del estudiantado en todos los ciclos educativos a nivel nacional.
- Tampoco contó con mecanismos de seguimiento ni evaluación de su efectividad.
- Se originó en un contexto de transición gubernamental, que finalmente desencadenó en su discontinuidad bajo la administración Chaves Robles.
“Actualmente, el sistema educativo debe trabajar con una generación estudiantil que presenta rezagos importantes en conocimientos y habilidades básicas. De no atenderse esta situación, podría generar un efecto rebote en la exclusión, reprobación y asistencia del estudiantado”, advierte el investigador.
Retención contra calidad
El informe resalta que el MEP tomó medidas para mantener a los estudiantes avanzando dentro del sistema, en el contexto de lecciones virtuales, a distancia o un modelo híbrido, pero estos logros fueron posibles gracias a “las decisiones administrativas y la flexibilización de los estándares académicos”.
“La tasa de escolaridad, indicador que se refiere a si la población estudiantil asiste al centro educativo con la edad correspondiente, según los reglamentos del MEP, muestra un crecimiento significativo, especialmente en la educación diversificada que pasó del 48,1% en 2018 al 62,7% en 2022”, informaron.
Otro indicador con “un comportamiento atípico” es el de exclusión, es decir, el alumnado que abandona los estudios, que registró un nivel históricamente bajo del 0,7% en 2021.
“Ahora, el reto está en aumentar la calidad de la educación y enfrentar el empobrecimiento de los aprendizajes; para tal efecto, se deben mantener los bajos niveles de exclusión mostrados en los últimos años, principalmente en la secundaria tradicional, que fue inferior al 4% en 2022”, agrega Murillo.
El documento advierte que estos indicadores tradicionales no miden la calidad y la deficiencia en los aprendizajes.
Advertencias en lectura y escritura
El informe Estado de la Educación califica como crítica la pobreza de los aprendizajes. Este dato se mide como: “la incapacidad mostrada por un niño o niña de 10 años para leer, comprender y escribir un texto simple”.
Es decir, la referencia de medición son los estudiantes de cuarto grado, por lo cual se entrevistó a 492 docentes de escuela en este nivel.
“La mayoría de las personas docentes encuestadas considera que sus estudiantes poseen competencias en escritura y lectura por debajo de su nivel educativo y edad”, afirma la investigadora, Katherine Barquero.
El 62% de los docentes señala que la mayoría de sus estudiantes no son capaces de reconocer los temas centrales de un texto ni leer con fluidez.
Mientras que en escritura, cerca del 70% considera que las deficiencias se presentan tanto en la estructura del texto (inicio, desarrollo y cierre) como en el uso correcto de los signos de puntuación.
El Programa Estado de la Educación había advertido de esta situación y lo reafirma con el estudio de este 2022.
Estas condiciones son similares en zonas urbanas y fuera del área metropolitana. Además, los docentes identifican que la actual generación tiene menos competencias en estas áreas en comparación con grupos de años anteriores.
Un comportamiento similar en la pobreza de aprendizajes identifican los docentes de primer grado, nivel en el que se debe aprender a leer y escribir, al recibir a los estudiantes de preescolar.
Los expertos advierten que este es un efecto en cadena. “Entre las consecuencias a mediano y largo plazo se encuentra el efecto dominó que se desencadena en el desarrollo de otras competencias fundamentales como las matemáticas y las científicas, ya que para resolver un problema, el estudiantado debe entenderlo primero”, explica la investigadora.
Se recomienda tomar medidas urgentes debido al impacto económico y social que estas deficiencias pueden tener a mediano y largo plazo.
Débil evaluación
El Estado de la Educación señala una “grave etapa de inestabilidad en la medición de los aprendizajes estudiantiles”, es decir, en las pruebas nacionales para medir los aprendizajes.
Desde 2018, Costa Rica ha tenido tres formas de evaluar a los estudiantes:
- Bachillerato
- Pruebas FARO
- Pruebas Estandarizadas
Ante los cambios en los últimos dos gobiernos, se carece de un sistema comparable de resultados entre un año y otro, además de los años recientes que pasaron sin aplicarse los exámenes.
“Encontramos que el marco de referencia omite evaluar a nivel nacional a actores que no sean estudiantes, tampoco hay claridad en qué, cómo y para qué se evalúa. Además, la institucionalidad a cargo del MEP está marcada por cambios de visión, en ocasiones abruptos, con cada cambio de gobierno”, añade la investigadora.
El Estado de la Educación advierte que se carece de un estándar consolidado como en otros países, además de que los resultados que se obtienen poco se utilizan para la mejora de la educación.
Otro dato que aportan es la necesidad de que el MEP no sea juez y parte en la aplicación de las pruebas. El informe sugiere que sea un ente externo el que se encargue de ese proceso de evaluación, como sucede en otros países.
