Paula Ruiz
El Gobierno valorará reformas a la Ley de Empleo Público hasta que inicie su entrada en vigencia y ejecución a partir de marzo, contrario a lo dicho en campaña electoral.
Laura Fernández, ministra de Planificación, confirmó que han identificado posibles modificaciones durante el proceso de realización del reglamento a esta ley que deberá estar listo a setiembre de este año.
“Nosotros tenemos algunas reformas a la Ley identificadas que probablemente vayamos a tener que llevar en algún momento.
“Sin embargo, es hasta que la Ley se eche a andar y hasta que el reglamento se eche a andar, que nosotros vamos a poder determinar con mayor certeza si hay artículos de la Ley que requieren alguna reforma, ya sea porque quedaron imposibles de implementar o la implementación es compleja, o porque administrativamente generaron algún problema”, ejemplificó Fernández.
De esta manera, evitó referirse a alguna de las observaciones que ya tienen sobre la Ley.
Esto es contrario a lo que prometió el partido de Gobierno durante campaña política, ya que el 24 de febrero de 2022 durante la segunda ronda electoral, el actual vicepresidente de la República Stephan Brunner participó en un webinar donde expuso el interés por plantear un plan de forma expedita.
El webinar se llamó “Perspectivas del convenio con el FMI y reactivación económica” organizado por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
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Él prometió que en caso de llegar al poder, tal cual sucedió, el Gobierno presentaría una reforma en setiembre de 2022, es decir cuatro meses después de haber tomado el control del Poder Ejecutivo.
“Presentarla depende de nosotros; lo de aprobada depende de otros, pero estimo que en cuatro meses deberíamos ser capaces en presentar la alternativa a la Asamblea Legislativa”, declaró en el webinar.
En ese momento, Brunner también recalcó que como Gobierno deberían tener la capacidad de “lograr una aprobación lo más rápido posible” mediada con negociaciones con la Asamblea Legislativa. Esto, no sucedió.
Valoran cambios
Hay fracciones legislativas que ya tienen planeado presentar cambios a la Ley que entrará a regir en marzo.
Rocío Alfaro, diputada del Frente Amplio señaló que en efecto, aún, sin entrar su aplicación “ya la proyección de algunos efectos no deseados en los servicios públicos que recibe toda la población y en la calidad y estabilidad del trabajo de quienes laboran en la estructura pública del país “.
“También, estamos valorando la posibilidad de poner a despacho un proyecto de vacancia en vista de que Planificación estando tan cerca el momento en que va a entrar a regir la Ley no ha presentado la planificación de los nuevos grupos o familias laborales y para nosotros eso significa que no se está en condiciones de iniciar la aplicación de la Ley”, puntualizó.
Alfaro aseguró que ya se ha dado la fuga de cerebros y especialistas requeridos en instituciones públicas hacia el sector privado por un tema salarial.
“Queremos hacer una revisión y estamos en proceso de elaboración de estos proyectos”, puntualizó.
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En tanto, Alejandro Pacheco, legislador socialcristiano también apuntó a que están realizando un estudio para determinar si es necesaria la presentación de iniciativas para reformar Empleo Público.
Por su parte, Óscar Izquierdo, subjefe de Liberación Nacional afirmó que “es posible” que su bancada presente algún plan en esta línea.
Eso sí, primero están a la espera de lo que se defina con otras iniciativas como jornadas 4-3.
“Se ha hablado pero no se ha entrado a profundidad y a hacer un análisis, sobre todo porque hay otros proyectos que en principio afectaban como jornadas 4/3 que en principio se indicó que afectaba al sector público”, declaró.
La iniciativa de Empleo Público se presentó en abril de 2019 con la promesa de poner orden a aspectos como el salarial en este sector.
Sin embargo, el Gobierno de Carlos Alvarado lo presentó en 2021 como uno de los proyectos prioritarios para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permitiera un crédito por $1.778 millones.
Durante su discusión en la Asamblea Legislativa hubo fuerte oposición de sectores como universidades públicas y sindicatos.
Tras su aval en primer debate, el proyecto fue enviado a la Sala Constitucional para una consulta facultativa. Una vez resuelta, su votación final se efectuó el 7 de marzo de 2022 con resultado positivo para convertirse en Ley de la República.
Al día siguiente, Alvarado firmó el documento que lo convirtió en la Ley 10.159.
Oficialmente se espera que a ley genere un ahorro de entre 0,80% y 1,03% del PIB. Cada punto del PIB ronda los ¢400.000 millones.
Una de las principales metas sería el bajar la carga que representan los salarios públicos en la recaudación.
Solo en 2021, por ejemplo, el 47% de los ingresos tributarios se fue en remuneraciones y en 2022 rondó el 45%.
