Paula Ruiz
El proyecto de ley que se presentará a la Asamblea Legislativa que buscará regular las plataformas digitales de servicio de transporte de personas, está en revisión.
De acuerdo con Natalia Díaz, ministra de la Presidencia es por este motivo que se presentaría a la corriente legislativa en enero o, a más tardar en febrero.
“Ya hay un borrador y se están afinando detalles a partir de las posiciones de los diversos sectores involucrados, en aras de lograr un texto que sea lo más consensuado y balanceado posible”, declaró la ministra.
Según Díaz, se planea introducir a taxistas y a las plataformas dentro de la misma iniciativa.
A cargo de la revisión directa del texto está Laura Ulloa, viceministra de Transportes, expuso la jerarca de la Presidencia.
Natalia Díaz, ministra de la Presidencia informó que el proyecto se presentaría a la corriente legislativa en enero o febrero. (Cortesía Casa Presidencial)
Observaciones
Por otra parte, el Gobierno aseguró que está tomando en cuenta a los sectores involucrados en la construcción del texto mediante observaciones planteadas.
“Sí. Se han tenido reuniones para escuchar el punto de vista de ambas partes y, de esa forma, tomarlas en cuenta para la elaboración del proyecto de ley”, afirmó Díaz.
Uno de los puntos que sí se incluirá en el plan es la obligatoriedad para todos los conductores de estar asegurados ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Las plataformas digitales de transporte de personas operan en el país desde el 2015 con el ingreso de Uber.
Luego, se unieron otras compañías como Didi, InDrive, entre otras.
En el cuatrienio anterior durante el Gobierno de Carlos Alvarado, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que fue desechado por los diputados de ese momento.
Sin embargo, quienes integraban la Comisión de Asuntos Económicos presentaron un plan que parecía tener ambiente en el Congreso.
La iniciativa se presentó en setiembre de 2019 sin embargo, hasta abril de 2022 logró una votación favorable en el foro legislativo. Aunque, no avanzó a su trámite de primer y segundo debate.
Este proyecto pretendía establecer un fondo administrado por el MOPT para indemnizar a los taxistas.
Asimismo, establecía requerimientos para la inscripción de compañías y vehículos, donde destaca póliza y hoja de delincuencia de los conductores.
Un estudio de la Cámara de Comercio de Costa Rica realizado en 2022 detalló que en el país hay 40.000 personas dedicadas a obtener recursos económicos mediante estas plataformas y hay más de un millón de usuarios.
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