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Empresarios de Costa Rica otra vez alzan la voz contra proyecto de ley que atendería crisis de contenedores

El proyecto de ley con que se pretende enfrentar las consecuencias de las crisis global de contenedores y sus consecuencias…

Por Tomás Gómez

Tiempo de Lectura: 3 minutos
Empresarios de Costa Rica otra vez alzan la voz contra proyecto de ley que atendería crisis de contenedores
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El proyecto de ley con que se pretende enfrentar las consecuencias de las crisis global de contenedores y sus consecuencias económicas terminaría por ayudar a las empresas fuera de Costa Rica, mas no a nivel local.

Esta nueva advertencia la hacen unidas las cámaras de Industrias, Agricultura, Plásticos y Alimentos.

Esto luego que de los diputados acordaran acelerar el trámite para aprobar la iniciativa.

Según los sectores productivos, el proyecto es “loable” pero con portillos que terminarían por empeorar las condiciones.

Sus preocupaciones las resumieron así:

  • De generarse un subsidio a las importaciones, el fabricante nacional tendrá que competir internamente con producto extranjero que ha sido abaratado de manera artificial. Ante esto el mercado arroja precios irreales, dejando al productor nacional en un escenario de competencia desleal, creada por los propios diputados.  
  • El subsidio de impuestos ayudaría las fábricas localizadas en el extranjero y no a las locales. Esto generaría mejoras y más empleos en el extranjero y afectaría los que hay en Costa Rica.
  • Los subsidios a corto plazo podrían generar presiones tributarias más adelante.
  • En caso de reducir cargas tributarias y costos, los sectores productivos piden un efecto generalizado y no selectivo como lo haría la ley.

El sector productivo agregó que el proyecto se elaboró sin participación, consulta y valoración del sector. Esto a pesar de las implicaciones y consecuencias que la iniciativa conlleva. 

Advertencias claras

La iniciativa en cuestión se tramita bajo el nombre de “Alivio temporal por costos de transporte marítimo para las importaciones nacionales con el fin de mitigar la crisis de los contenedores” en el expediente 22.769.

El bloque de cámaras pidió su rechazo alegando las diversas afectaciones que se registrarían.

Según Maurizio Musmanni, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia), “los empresarios nacionales han pedido hasta el cansancio una política fiscal integral. Y que promueva la inversión y el consumo, lo cual incluye una reducción generalizada en las cargas fiscales y todo tipo de tributos.

“También una reducción ordenada y estratégica del tamaño del Estado, y la eliminación total de los aranceles a las materias primas”.

Enrique Egloff, de la Cámara de Industrias, dijo por su parte que “el proyecto de ley atenta contra la competitividad del sector productivo costarricense. Esto porque existe una clara intención de beneficiar la importación de bienes finales, generándoles una ventaja competitiva artificial.

“Lo anterior en perjuicio de la industria y del sector agropecuario nacional que debe competir en condiciones menos favorables versus otros países que tienen menores costos de producción”.

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Más voces alertan

“Contrario a estas iniciativas, se deben promover acciones que permitan generar más empleo en Costa Rica y no en otros países. Y mejorar la competitividad del sector productivo nacional que ya enfrenta grandes retos para producir.

“Entre ellos los altos costos de electricidad, combustibles, cargas sociales y fiscales, entre muchos otros”, fustigó Jaime Cerdas, presidente de la Cámara Costarricense del Plástico (Aciplast).

“Es inaceptable que se proponga un proyecto de ley sin consultar a todos los sectores involucrados en el comercio exterior.

“Este toma como base solamente el criterio y necesidades de un único sector: el sector importador de bienes finales”, concluyó por su parte Francisco Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria.

Los diputados tienen dos proyectos para el mismo tema de los contenedores: uno del legislador liberacionista Gustavo Viales y otro del Gobierno. Las cámaras llevan meses pidiendo soluciones antes de que la crisis dispare los precios (Asamblea Legislativa)