Tomás Gómez
Tomando en cuenta las políticas del nuevo Gobierno para gestionar la pandemia, los Empresarios de Turismo por Costa Rica desistieron de la demanda que seguían contra el decreto que exigía la presentación del código QR de vacunación impuesto por la administración anterior.
El grupo de empresarios celebró el levantamiento de restricciones. A su vez aseguró que con su proceso se logró evitar un daño mayor a la economía. Esto porque se evitaron las consecuencias que habrían provocado las disposiciones del anterior Gobierno.
“Estamos muy contentos y orgullosos de lo que se logró con respecto a minimizar el enorme daño que de por sí causó la administración Alvarado a esta temporada alta de turismo que acaba de terminar; y que estimamos en cientos de millones de dólares de pérdida de ingresos que se dieron por cancelaciones innecesarias de reservas ya confirmadas y futuras”, dijo Bary Roberts, quien lideró el caso legal.
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Según Roberts, el contencioso administrativo se tuvo que interponer porque la administración Alvarado, “en forma unilateral, prepotente y sin dialogar con los representantes del sector privado del turismo”, impuso una serie de exigencias y restricciones que afectaron muy fuertemente a la actividad.
Agregó que solo en los 15 días posteriores al anuncio del QR las pérdidas en el gremio superaban los $10 millones.
Representantes de los gremios turístico, restaurantes y movilidad en la presentación del proceso contra el QR a finales del año anterior (Tomás Gómez/El Observador)
El Código QR
En octubre del 2021 el anterior Gobierno anunció disposiciones de vacunación obligatoria, la cual controlaría mediante un código QR.
La emisión de los certificados colapsó al Ministerio de Salud y estuvo marcada por la incerteza. Casos como las personas vacunadas en el exterior o el manejo de los extranjeros aumentaron las dudas y arrancaron las cancelaciones.
Fue en ese contexto que el grupo empresarial tomó medidas legales para frenar la ola de cancelaciones.
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El Tribunal Contencioso Administrativo giró a mediados de noviembre una medida cautelar que frenó los planes.
“Se ordena al Presidente de la República, el Ministro de Salud, el Ministro de Ciencia y Tecnología, la CCSS y el ICE que se abstengan de realizar cualquier conducta tendiente a la implementación del código QR; a nivel comercial, social, laboral, turístico, recreativo o cualquier otro”, decía la resolución.
No obstante, ello no frenó a la administración a seguir impulsando restricciones de aforo a los comercios que no pedían el QR.
