Tomás Gómez
Tang Heng dejará de ser el embajador de China en Costa Rica.
La oficina diplomática confirmó la salida y aunque no reveló una fecha específica, se indicó que la misma está “próxima”.
“El embajador ya lleva casi siete años en función en el país, y pronto terminará su misión. Es una rotación normal”, agregó la embajada.
El movimiento, sin embargo, queda enmarcado en medio de las polémicas por las condiciones que impuso Costa Rica para desplegar la tecnología de la red 5G y que, según reclama China, dejaría por fuera a sus empresas.
La normativa decretada por el Gobierno implementó como requisito que los países de empresas interesadas deben haber suscrito el Convenio de Budapest, lo que conllevó molestias a nivel diplomático pero también legales, mediante la empresa china Huawei.
Si bien, un voto inicial de la Sala Constitucional legitimó las potestades nacionales de poner requisitos. No obstante, el caso está por dilucidarse en el Tribunal Contencioso Administrativo que puso medidas cautelares.
Las dudas y críticas
El año anterior, el presidente Rodrigo Chaves y la jerarca del Micitt, Paula Bogantes, firmaron el decreto ejecutivo 44196-MSP-MICITT, que dejó por fuera a empresas chinas del concurso del 5G, entre ellos la firma Huawei.
Bogantes le dijo a los diputados que la decisión se tomó con la intención de subir los estándares de seguridad nacional, luego de que el país sufriera los ataques de cibernéticos que afectaron al Ministerio de Hacienda y a la Caja Costarricense de Seguro Social, en 2022.
En ese decreto se determina que los países que pueden participar en el concurso para proveer el servicio de tecnología 5G son los que forman parte del Convenio de Budapest, que es un acuerdo sobre la ciberdelincuencia.
“Si un operador o un proveedor de hardware o software y su casa matriz está en un país que no es firmante del Convenio de Budapest, ni ha expresado interés, o no está en proceso de adhesión, no podrá participar”, dijo Bogantes.
Desde el año anterior, diferentes sectores cuestionan la medida del Gobierno que limita el acceso de las empresas chinas al plan para ejecutar la tecnología 5G.
En una comisión legislativa, el presidente del Consejo de Sutel, Federico Chacón, confirmó que ellos, en el informe entregado al Poder Ejecutivo, recomendaron la utilización de estándares de seguridad 3GPP y no el Convenio de Budapest.
Sin embargo, en el decreto y la reglamentación se definió ese convenio como el parámetro para determinar quién puede o no participar y China no es parte. Por esta razón, empresas como Huawei, que tienen contratos con los operadores que brindan el servicio en el país, no puede concursar.
Para Sutel, esta situación genera un conflicto en el principio de neutralidad.
“Sí hay un conflicto con el tema del principio de la neutralidad porque se está restringiendo a los operadores a seleccionar los estándares que cumplan con los requisitos y seguridad de las redes”, indicó Chacón.
La semana anterior, la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, dijo a la comisión que esto no era así “porque no se le está diciendo a los operadores qué tecnología comprar”; sin embargo, Chacón confirmó que el criterio técnico sí indica el conflicto.
“Esa fue nuestra observación y criterio y lo mantenemos”, indicó el representante de Sutel.
Además, fue enfático en que el Convenio de Budapest no tiene impacto para redes de telecomunicaciones.
