Hermes Solano
Sin problemas ni caos. Así fue el ingreso y salida de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) Marta Esquivel, este martes en la Asamblea Legislativa, para su comparecencia en la Comisión de Asuntos Sociales.
El pasado 25 de enero, Esquivel se hizo acompañar de dos escoltas de la Unidad Especial de Intervención (UEI) que ocasionaron un ambiente tenso con la prensa que le preguntaba a la jerarca y quien ese día se marchó sin dar declaraciones.
Luego, envió una carta al presidente del Congreso, Rodrigo Arias, indicando que si no se le garantizaba seguridad, no asistiría a las convocatorias que le hicieran los distintos órganos legislativos.
Ante esto, Arias le recordó que en caso de ausentarse usarían la Fuerza Pública para traerla, tal y como lo dice el reglamento.
“Diay, ¿qué le digo’ Cada quien en lo que corresponde, él es el presidente y está en toda la potestad”, respondió la jerarca de la CCSS de manera escueta, a su salida de la comisión, sin mayor desorden y sin los escoltas de la UEI.
A Esquivel sí la resguardaron los oficiales de seguridad de la Asamblea. Eran cinco o seis oficiales que la guiaron a la entrada y la salida del Congreso.
La jerarca de la Caja deberá volver el jueves a la Asamblea como compareciente en la Comisión de Ingreso y Gasto Público para seguir hablando de la supuesta alteración de los informes actuariales que desembocaron en la suspensión del portafolio de inversiones.
“El jueves les damos todos los documentos”, dijo.
Criterio a la Procuraduría
Respecto a lo ocurrido el 25 de enero con la presencia de escoltas de la UEI, la diputada del PLN, Paulina Ramírez, hizo consulta a la Procuraduría General de la República respecto a la posible utilización de manera ilegal del recurso.
Según la ley, la UEI es utilizada para casos de terrorismo y narcotráfico, así como para proteger a los miembros de los Supremos Poderes. Esquivel no es parte de ese grupo.
La legisladora pidió el criterio de la Procuraduría a partir de las condiciones del artículo 20 de la Ley General de Policía que establece que la intervención de la UEI es restringida y excepcional, solo como último recurso y para resolver una situación de sumo peligro para la vida de las personas.
Ramírez considera que “de acuerdo con el propio criterio de la Procuraduría, el decreto del 2016 (39449), contravendría el principio de jerarquía normativa, al establecerse una supuesta atribución a la Unidad Especial de Intervención que no viene establecida en la Ley General de Policía”
“La propia Procuraduría emitió criterio en el sentido de que las normas de la fuente inferior no pueden modificar ni sustituir a las de la superior, como se desprende del decreto aludido que le habría conferido potestades a la Unidad Especial de Intervención más allá de lo establecido por ley”, explicó Ramírez.
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