Hermes Solano
El exsesor del presidente Carlos Alvarado, Camilo Saldarriaga, envió una carta a los diputados que conforman la comisión especial que investiga el caso Cochinilla, pidiendo que lo llamen a comparecer.
Sin embargo, los legisladores piensan que hay otras comparecencias más urgentes por ahora.
Saldarriaga es parte de la investigación de las autoridades por el denominado Caso Cochinilla incluso su oficina y casa fueron allanadas el 14 de junio anterior, aunque él no fue detenido.
La carta fue dirigida a Pablo Heriberto Abarca, legislador del PUSC y presidente de la comisión.
“Tal y como he planteado anteriormente, tengo absoluta certeza de que en todo momento he actuado con rectitud y honestidad y que no he cometido delito alguno, algo que estoy deseoso de demostrar en todas las instancias procesales y de control político que correspondan”, dijo el exasesor.
El 14 de junio, luego de los allanamientos y de que se dio a conocer el caso de desvío de fondos en el Conavi, Saldarriaga presentó su renuncia al puesto que ejercía.
“Estoy deseoso de rendir cuentas”, dijo.
Días después de los allanamientos, se presentó a la Fiscalía para ponerse a las órdenes de cualquier trámite judicial.
Esta es la segunda carta que envía a la Asamblea Legislativa en cuestión de dos semanas en las que pide ser llamado a responder preguntas referentes al caso.
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Esta fue la carta enviada por Saldarriaga a los diputados.
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“No será por ahora”
Consultado el diputado Abarca, aseguró que no es prioridad que Saldarriaga comparezca ante la comisión, pues no era un jerarca.
“Me parece que es politiquería, no es un tema central de la Comisión. Hay que revisar los procesos, él era un asesor no un jerarca”, dijo el legislador a la consulta de El Observador.
Según Abarca, en este momento la prioridad de la comisión es escuchar a los responsables directos sobre los problemas surgidos en el manejo del Consejo Nacional de Vialidad y quienes son responsables de los cambios que debe haber.
Sobre la solicitud específica de Saldarriaga, Abarca indicó que analizarán si es pertinente llamarlo, pero no será en lo inmediato.
“Tiene que responder ante la comisión y las audiencias aprobadas están dentro de la metodología que se estableció. Vamos a analizar si es pertinente llamarlo a él”, indicó.
Lo que dice la investigación
Quien fuera por varios años la mano derecha del mandatario es parte de la investigación que sigue el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contra un grupo de 33 personas por presuntos dádivas que funcionarios habrían recibido para beneficiar a empresas.
¿Por qué se supervisaba el presupuesto de las instituciones desde Casa Presidencial cuando eso es competencia de Tesorería Nacional?
Según el expediente de investigación del caso, del que El Observador tiene copia, dos hombres de apellidos Solís Murillo y Molina Salas, funcionarios del Conavi, pidieron la intervención de Saldarriaga ante el Ministerio de Hacienda.
Lo que pretendían era la aprobación de ¢51 mil millones para cubrir un déficit que se había desviado a favor de las empresas constructoras.
“Para ejecutar el ilícito, Carlos Solís Murillo y Francisco Molina Salas contaron con la intervención esencial del asesor presidencial y encargado de los temas de infraestructura de Casa Presidencial, Juan Camilo Saldarriaga Jiménez, quien influiría sobre el Ministro de Hacienda, en ese momento el viceministro Isaac Castro Esquivel, para que se produjera el resultado pretendido por los funcionarios públicos”, dice la investigación del OIJ.
