Hermes Solano
Camilo Saldarriaga, exasesor presidencial y ahora investigado por el Caso Cochinilla, supervisaba la ejecución presupuestaria de las instituciones porque en los últimos años el país estuvo, en dos ocasiones, a punto de caer en default. Es decir, que el Estado no puede hacer frente a sus deudas.
Así lo aseguró el presidente Carlos Alvarado, durante su primera aparición ante los medios, tras los allanamientos por el Caso Cochinilla el lunes anterior y que incluyeron la Casa de Gobierno. Las declaraciones las ofreció en San Antonio de Puriscal.
El mandatario reconoció que efectivamente esa función que cumplió su exasesor le corresponde a la Tesorería Nacional, pero que desde su despacho también se supervisaba.
“En los últimos dos años estuvimos, dos veces, a punto de quebrar como país y desde mi despacho se supervisaba que no llegáramos a esos puntos y también para controlar el gasto. Entonces eso era algo que le dábamos seguimiento”, dijo el mandatario.
Saldarriaga, quien renunció a su puesto como asesor presidencial por las investigaciones de dicho caso, dijo que su labor era monitorear la ejecución presupuestaria del Estado.
Las tareas de Saldarriaga
“En el marco de mis tareas, monitoreaba las transferencias de Tesorería Nacional a instituciones como CONAVI y la elaboración y envío de presupuestos extraordinarios al Congreso. Algo que es absolutamente ordinario y legal en el marco de la administración publica”.
Así lo aseguró el exasesor presidencial en una carta enviada a la Asamblea Legislativa, donde pidió que le llamaran a comparecer.
Quien fuera por varios años la mano derecha del mandatario es parte de la investigación que sigue el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contra un grupo de 33 personas por presuntos dádivas que funcionarios habrían recibido para beneficiar a empresas.
¿Por qué se supervisaba el presupuesto de las instituciones desde Casa Presidencial cuando eso es competencia de Tesorería Nacional?
Según el expediente de investigación del caso, del que El Observador tiene copia, dos hombres de apellidos Solís Murillo y Molina Salas, funcionarios del Conavi, pidieron la intervención de Saldarriaga ante el Ministerio de Hacienda.
Lo que pretendían era la aprobación de ¢51 mil millones para cubrir un déficit que se había desviado a favor de las empresas constructoras.
“Para ejecutar el ilícito, Carlos Solís Murillo y Francisco Molina Salas contaron con la intervención esencial del asesor presidencial y encargado de los temas de infraestructura de Casa Presidencial, Juan Camilo Saldarriaga Jiménez, quien influiría sobre el Ministro de Hacienda, en ese momento el viceministro Isaac Castro Esquivel, para que se produjera el resultado pretendido por los funcionarios públicos”, dice la investigación del OIJ.
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Defiende proceso
El mismo día de los allanamientos y detención por el Caso Cochinilla, Saldarriaga presentó su renuncia como asesor presidencial y desde el primer momento afirmó que no tenía nada que ver con el caso.
El exasesor, incluso se presentó a la Fiscalía para ponerse a las órdenes de las autoridades.
Carlos Alvarado aseguró hoy que monitorear los presupuestos era un seguimiento particular que hacían desde su despacho, reiterando las razones dadas en su primera respuesta.
“Era algo a lo que le dábamos un seguimiento particular”, dijo.
Además, defendió que en su gobierno se dieron muchos recortes en ministerios e instituciones y que era normal que se solicitaran muchos presupuestos extraordinarios, no solo en el MOPT, sino en muchos ministerios.
“Nosotros no hemos hecho presupuestos expansivos. Este Gobierno ha tenido que contraer el gasto”, indicó.
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Negó reuniones
Alvarado negó haber tenido conversaciones en privado con alguna de las empresas involucradas en el caso o con jerarcas que le solicitara explícitamente ayudar a la aprobación de dineros.
“Las únicas conversaciones que tenía con la gente de las empresas era en el momento en el que se inauguraba una obra pública”, señaló.
Por último, dijo que las obras que se están trabajando por parte de algunas empresas constructoras involucradas en el caso deben continuar porque existe un contrato. Además, porque se necesita mejorar la infraestructura del país.
